Por Margarita Girón
jgiron@lahora.com.gt

Los congresistas demócratas y miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Eliot L. Engel, Jerrold Nadler y Bennie Thompson enviaron una carta dirigida al secretario de Estado, Mike Pompeo y al secretario interino de Seguridad Nacional Kevin McAleenan en donde expresaron su oposición a la negociación de acuerdos de Tercer País Seguro entre Estados Unidos, Guatemala y México.

De acuerdo a los congresistas dichos acuerdos serían contrarios a las leyes del país, ya que tanto Guatemala como México no cuentan con procesos adecuados de asilo y protección para los migrantes.

En el documento destacaron que los informes realizados recientemente en materia de derechos humanos sobre Guatemala y México dejan claro que estos países no cumplen con los estándares requeridos legalmente para ser catalogados como un Tercer País Seguro.

“Escribimos para expresar nuestra oposición a la negociación de acuerdos de Tercer País Seguro con los gobiernos de Guatemala y México y para explicar cómo su negociación sería contraria a la ley de los Estados Unidos”, se lee en el documento.

Además, señalan que el Presidente Trump no tiene autoridad constitucional independiente para negociar y concluir tales acuerdos. Los congresistas señalan que la Ley de Migración estadounidense establece que los terceros países seguros deben permitir que las personas tengan acceso a un procedimiento completo y justo para determinar una solicitud de asilo o protección temporal equivalente.

Los funcionarios también refieren que la ley exige que los “países seguros” sean naciones en las que la vida o la libertad del extranjero no se vean amenazadas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política; sin embargo, de acuerdo con los informes de derechos sobre Guatemala y México dejan claro que Guatemala y México no cumplen con estos estándares.

En el documento citan que el informe sobre Guatemala afirma que “el Sistema Judicial no ofreció juicios justos u oportunos debido a la ineficiencia, la corrupción y la intimidación de jueces, fiscales y testigos”. También señala que Guatemala no definió el término “refugiado” según la legislación nacional hasta 2017, y que aún no se han emitido los reglamentos para implementar esa ley.

“Esto se debe a que el propio Departamento de Estado ha llegado a la conclusión de que estos países son inseguros y carecen de sistemas judiciales capaces de proporcionar lo que exige la legislación de los EE. UU.”, puntualizan los congresistas.

“En lugar de negociar ilegalmente acuerdos de Tercer País Seguro con los gobiernos de Guatemala y México, la administración debería volver a la política bipartidista y de sentido común de brindar asistencia extranjera a los países del Triángulo Norte para abordar las causas fundamentales de la migración infantil y familiar”, puntualizan los congresistas en la misiva.

Además, reiteran que como país deben asociarse con el gobierno mexicano, ya que este trabaja para fortalecer su sistema de asilo.

Finalmente reiteran que el poder Ejecutivo estadounidense ahora no tiene la autoridad para negociar acuerdos de Tercer País Seguro con Guatemala o México y solicitan una reunión informativa para abordar sus inquietudes y discutir la legalidad de los acuerdos.

Artículo anteriorMario, una de las historias de los 211 mil guatemaltecos migrantes detenidos
Artículo siguienteAbogados de R. Kelly piden que juez desestime demanda de abuso