Por Cristian Velix
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La jueza Erika Aifán presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP), la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Régimen Disciplinario del Organismo Judicial (OJ) por posible filtración de información del Juzgado de Mayor Riesgo “D”, el cual está a su cargo.
La querella la interpuso en contra de Pedro Luis Hernández Debroy, quien labora como notificador en la judicatura dirigida por la togada y quien aparentemente, a través de su teléfono celular, enviaba información de los expedientes judiciales a las partes del proceso penal.
Según la denuncia colocada por Aifán el notificador remitía, mediante WhatsApp, fotografías de las resoluciones emitidas por el Juzgado de Mayor Riesgo “D” antes de que la judicatura notificara las decisiones judiciales.
En la demanda se detalla que el 4 de junio pasado, Debroy sostenía una conversación con la secretaria, quien también labora en el juzgado y tras ello la juzgadora pudo notar que él tuvo comunicaciones, presuntamente, fuera de lo permitido en la ley.
Asimismo, el documento explica que la togada citó al denunciado para que mostrara el tipo de mensajes que intercambiaba con las partes procesales, en la que determinó el hecho denunciado por, el cual, a criterio de la jueza se quebranta el principio de lealtad procesal.
La togada manifiesta en la denuncia que el hecho de filtrar la información pone en riesgo el trámite de los procesos que están a cargo de ese juzgado y que expone información sensible de los expedientes de alto impacto que conoce la judicatura.
Además, agrega Aifán, en el cargo que ocupa Debroy, él tiene conocimiento de todo lo que se tramita y resuelve en el juzgado.
De igual manera, la interposición de la mencionada queja ante el Régimen Disciplinario del OJ es para que este sancione al personero, mientras que la colocación en la Cámara Penal responde a que Aifán solicita que sea trasladado a otra judicatura, mientras se resuelve lo denunciado.
Consultado al respecto, Debroy dijo que no tenía conocimiento de la denuncia y no se pronunció con relación a ella.
TIENE QUE SER OBJETO DE INVESTIGACIÓN
Sobre la denuncia de Aifán, Gustavo Fong, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), señaló que el OJ cuenta con un régimen disciplinario administrativo, por lo que todo empleado de la institución que incurra en faltas administrativas como este caso, tiene que ser objeto de denuncia e investigación; por el carácter confidencial de los documentos, es información que no se puede revelar por ningún medio.
Sobre las filtraciones de las resoluciones de la jueza, Fong indicó que estas están a la vista de las partes involucradas en los procesos, pero no es un documento que tenga que filtrarse a través de fotografías.
