Por Cristian Velix
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La jueza Érika Aifán, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “D”, decidió ligar a proceso a los funcionarios de la Municipalidad de Guatemala, Luis Pedro Villa Nueva Mirón, por fraude y a Héctor Adolfo Cifuentes, por financiamiento electoral ilícito, por el caso de financiamiento al partido Unionista.
En el caso de Villanueva Mirón la jueza determinó que no fuera procesado por el delito de peculado por sustracción, debido a que los hechos imputados encuadran en el delito de fraude.
Los dos sindicados fueron favorecidos con arresto domiciliario. Para ello deberán cancelar una fianza de Q25 mil. Tanto Villanueva como Cifuentes no podrán salir del país y tampoco acercarse a la Municipalidad de Guatemala o a la sede del Partido Unionista.
LA IMPUTACIÓN
Esta tarde la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) detalló los hechos ilícitos en los que pudieron haber incurrido Cifuentes y Villanueva Mirón, quienes laboran como Concejal III y Secretario General de la Municipalidad de Guatemala, en el caso de financiamiento electoral al partido Unionista.
De esa forma, la unidad investigadora dijo que Cifuentes llevó adelante planes y estrategias concebidos para generar o incrementar la militancia y simpatía hacia el partido Unionista, al igual que su caudal de votos.
«Todo este esfuerzo sostenido durante los años y en favor del partido Unionista y del candidato Álvaro Arzú Irigoyen, buscaba seguir su triunfo electoral en las elecciones del 2011 y del 2015», subrayó la Fiscalía.
Para ello, según la FECI, utilizaron fondos públicos del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana (FAPU) con el que se sufragaban actividades de promoción con fines electorales. «Esto pretendiendo perpetuar en la Municipalidad de Guatemala al partido Unionista y a la administración de Álvaro Arzú», agregó la representación del Ministerio Público (MP).
En cuanto a Pedro Villanueva Mirón, la imputación explica que aprovechándose de sus funciones como miembro del Comité Técnico del FAPU en los años 2011 al 2015, con fines políticos, se desarrolló una forma de engaño al interior del mencionado fideicomiso.
“Como integrante del Comité Técnico del FAPU aprobó pagos para la celebración del Día de la Mujer realizado el 8 de marzo del 2014, en el Parque Ecológico Jacarandas de Cayalá con fines proselitistas y pagados con esos fondos públicos”, expresó la Fiscalía.
Según el ente investigador, ese evento contó con la participación de miembros de la alianza política Unionista, GANA, Victoria y Todos, así como miembros de dichas agrupaciones y por el entonces alcalde Álvaro Arzú.
“Como parte de dicho evento se dispuso la entrega de distinciones a mujeres destacadas, por lo que se mandó a confeccionar doce reconocimientos con logotipos de los partidos políticos integrantes de la alianza política”, concluyó la FECI.
CIFUENTES INDICA FALTA DE INDICIOS
Por su parte, la defensa de Héctor Cifuentes Mendoza expresó que dentro de los indicios documentales no se puede establecer que, el Secretario General de la Municipalidad, supiera que había recibido esos aportes (para financiar la campaña política del Unionista, ya que el fungía como Secretario General del partido).
“No se presentó indicio electrónico, chats, correo, llamadas que se establezcan que Cifuentes supiera o tendría que saber que estos aportes provenían de hechos ilícitos”, aseguró el abogado defensor del primer señalado.
La representación de Cifuentes indicó que en los documentos registrados por la FECI no existía uno elaborado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el que se establezca una denuncia de financiamiento electoral ilícito en contra de ese partido.
“No se adjuntó ningún indicio de auditoria por parte del TSE, entidad reguladora en materia electoral, que pudiera establecer esta situación. No se puede criminalizar que una persona sea secretario municipal y secretario de un partido político”, puntualizó la defensa de Cifuentes.
DEFENSA DESAPRUEBA HECHOS
Por su parte la defensa de Villanueva Mirón dijo que no hay medio de prueba en que se indique que él Concejal III tuviera conocimiento del Plan 8 o del Plan Hormiga, los cuales aparentemente se financiaron con los recursos públicos del FAPU y sirvieron, presuntamente, para impulsar la campaña del unionismo.
De esa forma, la abogada del funcionario municipal señaló que con el “visto bueno” de la Unidad Ejecutora respecto a un servicio se procede a aprobar el pago por parte del Comité Técnico del FAPU. “Ha habido una unidad que solicita el servicio y otra que da el visto bueno de que se haya efectuado un buen servicio”, añadió la defensa del Concejal.
“De tal forma que el Comité Ejecutivo, del que era miembro Villanueva Mirón, confiaba plenamente en ese momento en la solicitud hecha y la unidad ejecutora. En ningún momento su aprobación puede considerarse como un actuar ilícito. Tiene haber que haber un hecho más, dónde que él sabía que esos conceptos eran simulados”, afirmó la representación del Concejal III.
La defensa de Villanueva Mirón también se refirió a la contratación del asesor Jesús Gómez Espejel y dijo que quienes sabían el verdadero concepto del profesional eran Ricardo Quiñonez, actual alcalde y María Bedoya Salas.
“Estas dos personas (nombradas en un correo electrónico) que también forman parte del Comité Técnico (del FAPU) no necesitaban de Luis Pedro Villanueva para hacer lo que ellos quisieran hacer”, sentenció la abogada de Villanueva Mirón.
