Por Cristian Velix
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La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) indica que la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la que se decidió no retirarle la inmunidad al diputado Felipe Alejos carece de presupuestos legales, entre ellos de fundamentación en la resolución por parte de los magistrados, además de violación de principios constitucionales.
En esa línea, la Fiscalía señala que la decisión de la CSJ vulnera el debido proceso, debido a que hizo juicios de valor al manifestar que los elementos que sustentan la petición de retiro de antejuicio no son suficientes.
Por ello, a criterio de la unidad investigadora del Ministerio Público (MP), la Corte Suprema se excedió en lo que le corresponde, ya que únicamente debe establecer si existen hechos que podrían considerarse como ilícitos.
La FECI incluyó en la documentación para quitarle la inmunidad al congresista la declaración de Ricardo Presa Riera, quien, posteriormente, en el Juzgado de Mayor Riesgo “A”, expresó que Alejos le ofreció al Ingenio Palo Gordo la agilización de la devolución del crédito fiscal a cambio de una “tarifa de éxito”.
Con ese contexto, la FECI interpuso ayer una acción constitucional de amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) para que deje sin efecto la decisión del pleno de magistrados acerca de impedir que Alejos pueda ser investigado y que esta emita una nueva resolución.
El pasado 20 de mayo, por segunda vez, el pleno de la CSJ rechazó retirar el antejuicio presentado en contra del diputado, luego de que la CC ordenara que la máxima Corte del Organismo Judicial (OJ) conociera nuevamente la solicitud.
Únicamente las magistradas Delia Dávila Salazar, Silvia Verónica García y María Eugenia Morales Aceña votaron en contra de la decisión de negar la petición.
De momento, el congresista continuará con el fuero legal, porque fue reelecto como diputado en el Congreso por el partido TODOS, para la legislatura 2020-2024.
ANTECEDENTES
Alejos es señalado de los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo. La FECI y la CICIG vinculan al congresista al Caso Traficante de Influencias, esto por presuntamente facilitar la devolución del crédito fiscal a empresas de forma ilegal y con apoyo de funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Las pesquisas detallan que Alejos habría posibilitado la entrega de ese crédito fiscal al Ingenio Palo Gordo y Z Gas S.A., sin embargo, posterior a varias acciones legales que retrasaron el proceso en sus primeras etapas, la CSJ rechazó la acción planteada por los entes investigadores para retirarle la inmunidad al diputado del partido TODOS y actual vicepresidente del Congreso.