Por Eder Juárez
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Ante la denuncia del candidato presidencial del partido Encuentro por Guatemala, Manfredo Marroquín, respecto a la utilización de fondos públicos a ex Patrulleros de Autodefensa Civil para el beneficio del oficialismo, analistas consultados señalan que ese pago es una forma de comprar votos a favor del candidato del partido oficial.
Aunado a lo anterior, el Gobierno ofreció reunirse con los veteranos del Ejército, posterior a las elecciones del 16 de junio próximo, para concretar el pago de indemnización de Q85 mil. La reunión será el 20 de junio, cuatro días después de las elecciones.
Oswaldo Samayoa, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), indicó que el Ministerio Público (MP), ya debería de haber investigado a profundidad sin tardarse tanto, porque aquí está en riesgo la democracia en el país.
“Me parece que hay compra de votos a partir de esto de forma simulada, y al mismo tiempo solo el hecho de decir que se puede negociar algún tipo de pago ya genera muchas dudas en cuanto al manejo de los fondos públicos, puesto que el Ejército jamás llegó a tener 800 mil miembros, ni mucho menos un millón de personas como lo asegura el dirigente de esa asociación”, manifestó Samayoa.
El analista insiste que es una compra de votos y el tema de condicionar el tema después de la elección “es para ver si esa cantidad de personas van a votar por el que lo esté induciendo”.
A criterio de Samayoa, el día de las elecciones las amenazas no se concretarán, ya que es nada más para generar zozobra, “es una estrategia para ahuyentar a que las personas asistan a votar en ciertos lugares y con ellos tener ciertas ventajas”.
COMPRA DE VOTOS PARA FAVORECER AL OFICIALISMO
Por su lado, Renzo Rosal, analista independiente, indicó que “es una forma de extorsión, en el corto y mediano plazo, es la misma estrategia que utiliza Joviel Acevedo o los sindicatos de Salud, que se ponen en exhibición en época electoral con ese propósito (tener réditos del Gobierno actual y coaccionar al siguiente)”.
Rosal señaló que lo más preocupante es que el Gobierno de turno, el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y el presidente Jimmy Morales a la cabeza “han legitimado de alguna forma a este movimiento, han dado parte de sus concesiones para que tengan cierta influencia en la votación por ejemplo de Estuardo Galdámez (candidato presidencial del oficialismo) y de algún otro en que Morales tenga puestos sus intereses, pero también forma parte de presión para el siguiente Gobierno”.
Agregó que la compra de votos sería pensando en Galdámez en la primera vuelta y segunda vuelta pensando en otra fuerza política, en donde el oficialismo obtenga ese manto de impunidad que busca. “Que el siguiente Gobierno que aunque no sea el partido oficial, los encubra y proteja a Jimmy Morales y compañía y de paso proteja a este mismo grupo (expatrulleros)”, puntualizó.
RETÓRICA DE AMBOS
Entre tanto, Francisco Jiménez, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), indicó que hay mucha retórica de parte de ambos grupos, tanto del Gobierno como de expatrulleros, “hay muchas afirmaciones que son retórica, discursos para aprovecharse del Estado y de parte del Estado buscar apoyo depende de los momentos, apoyo para la estabilidad de los gobiernos o apoyo en un tema en particular”.
Jiménez dijo que hay muchas suposiciones respecto al tema, pero que lo que sí se puede decir que existe una retórica que permite ese tipo de negociaciones. “En términos prácticos es muy difícil que cualquier Gobierno que quiera dar dinero por los votos tenga los mecanismos para verificar si efectivamente se hizo así o no”.
PRESENTÓ DENUNCIA
El pasado 7 de junio, Manfredo Marroquín, presidenciable de Encuentro por Guatemala (EG) presentó una denuncia en la Fiscalía de Delitos Electorales, señalando que documentaron que en Chimaltenango, Huehuetenango y San Marcos se pagó a presuntos expatrulleros la cantidad de 1 mil 700 quetzales, pagos gestionados por candidatos y alcaldes del oficialismo.
Esa es la denuncia que estamos haciendo, vamos a requerir que la Fiscalía haga una investigación inmediata, indicó. Según Marroquín, estos pagos afectan la integridad del proceso electoral.
De acuerdo con Marroquín, son candidatos oficialistas los que están gestionando los listados para incluir a las personas y que hubo testimonios de gente que vio a la diputada Delia Back en Chimaltenango, ordenando a la gente a hacer la fila frente al Crédito Hipotecario.
Demandamos que la institucionalidad funcione, para eso tenemos MP, para eso tenemos una Fiscalía de Delitos Electorales, para que determine la responsabilidad.
Esperamos una acción inmediata del MP, estamos convencidos que ha sido el mismo gobierno el que ha movilizado a gente, buscando el favor del voto, creemos que es tan evidente, que a todas luces los delitos cometidos que merecemos una respuesta del MP, manifestó Marroquín en aquella ocasión.
