Por Cristian Velix
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El juez Eduardo Cojulum negó que Carlos Quintanilla, exjefe de la Secretaría de Asuntos Administrativos y Seguridad (SAAS), fuera trasladado a un centro médico privado. La decisión del juzgador se basó en un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
En dicho documento, elaborado por la doctora Sabrina Alejandra Lima, se manifiesta que Quintanilla se encuentra clínicamente estable y en regulares condiciones generales de los problemas de salud que indicaba tener, entre ellos, azúcar alta e hipertensión.
No obstante, la defensa del exjefe de la SAAS señaló que su vida corre peligro ya que puede sufrir un coma diabético y solicitó que el togado titular del Juzgado Décimo de Instancia Penal delegara el traslado a un hospital privado.
La representación del exfuncionario también argumentó que fuera beneficiado con esa medida para “garantizarle la vida, la salud y poder con ello estar presente en el proceso el tiempo que pueda ser necesario”.
Esta última petición la defensa la hizo en virtud de principio de igualdad y recordó que “dos personas fueron beneficiadas para que pudieran ausentarse del país por una actividad recreacional”.
El juzgador permitió el 31 de mayo pasado la salida del país al expresidente Álvaro Colom y al ex ministro de Finanzas Públicas, Alberto Fuentes Knigth, quienes deseaban asistir a las bodas de sus hijos.
“No estamos solicitando un arresto domiciliario, si no que usted pueda autorizar que mi patrocinado pueda ser tratado medicamente en el Hospital San Sebastián”, concluyó la defensa del sindicado.
Sin embargo, Cojulum detalló que la petición era improcedente y explicó que el informe de la especialista del Inacif declara que Quintanilla debe ser evaluado periódicamente por el médico del Sistema Penitenciario, y que, si él ya no le pueda asistir, que sea tratado en otro centro asistencial, fuera del SP.
SEÑALAMIENTOS
Quintanilla es procesado por el Caso Transurbano, por aparentemente apropiarse de recursos del Estado destinados para la implementación de un sistema de seguridad para ese transporte. Según las investigaciones, la red a la que pertenecía el exjefe de la SAAS, presuntamente, incorporó de manera anómala a su patrimonio parte de los cerca de Q80 millones destinados a la ejecución de ese proyecto.
