Por Redacción La Hora
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En seguimiento a la sentencia de reparación digna contra seis constructores en el caso “Construcción y Corrupción”, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) informaron de los avances en la misma.
En un comunicado de prensa, ambas entidades indicaron que solicitaron un informe sobre los avances en la ejecución de varios proyectos que debían cumplir los empresarios que fueron condenados por medio de un procedimiento abreviado el año pasado. El informe fue dado por la Dirección General de Caminos del Ministerio de Comunicaciones.
En el caso de Raúl Eduardo Alvarado Cuevas, se informó que se efectuó la donación de 5 estaciones totales de equipo topográfico Nikon, de la cual quedó constancia mediante un acta con fecha de 18 de enero de 2019. Esto se entregó a la Dirección General de Caminos.
Los constructores Pedro Luis Ramón Rocco Arrivillaga y Lic Allen Roberth Krebs Wickfors se comprometieron a construir un tramo del km. 44.4 al km. 54.7 hacia Pueblo Nuevo Viñas, de una Long. 10.0 kms., con un valor aproximado de Q7, 269,000.
Según la información, este proyecto ha finalizado, actualmente se encuentra en el proceso de recepción y liquidación del proyecto, para que posteriormente se atienda por parte de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL- para que se concluya con la señalización horizontal correspondiente, la cual no fue posible cubrir debido a que la sentencia emitida por el Juez competente contenía el tramo a atender y el monto disponible para su atención.
En el caso de Álvaro Mayorga Girón, se comprometió a construir un tramo carretero en San Andrés Iztapa, salida de CA-1 Occidente, con una longitud de 4.282 kms.
Hasta la fecha se encuentran 3 kilómetros trabajados a nivel de la sub-base y se encuentra 1 kilómetro imprimado.
El representante indicó que la fecha programada para la finalización del proyecto es el 30 de junio de 2019.
SIN MAYORES AVANCES
En tanto en el caso de Juan Luis Tejada Argueta, quien tenía que construir un tramo de San Andrés Itzapa a Los Aposentos, de longitud. 2.5 kms. y Tramo II: km. 52 CA-1 Occidente, Antigua Ruta CA-01 4 carriles, longitud 2.00 kilómetros, se señaló que la aprobación del diseño para la ejecución de estos tramos fue otorgada en enero del 2019, sin embargo, a la fecha no se tiene avance significativo en la ejecución de los mismos.
Existe preocupación por el cumplimiento de esta sentencia, debido a que el invierno ya se ha iniciado en la región, lo que puede provocar retrasos en la ejecución, informaron las entidades.
Con relación a este tema, el sentenciado indicó que se tiene programado el inicio formal de los trabajos el 27 de mayo de 2019, y la fecha estimada para la finalización de los trabajos es el 31 de julio de 2019.
Otro de los constructores condenados, José Luis Rodrigo Agüero Urruela, tenía que realizar un resarcimiento de bacheo diurno de 3,700 toneladas, colocado y compactado y una ampliación interconexión CA-1 Occidente a CA-9 Sur, Bulevar San Cristóbal.
Hasta la fecha está aprobado el diseño geométrico de la ampliación del Bulevar, se informó.
El CIV ha realizado acercamientos con los comités de vecinos de San Cristóbal, con el fin de socializar el proyecto, de esta reunión se levantó un acta mediante la cual los directivos de las distintas asociaciones respaldaban la ejecución de este proyecto, indicando que el inicio de los trabajos debería ser en el menor tiempo posible, refiere el comunicado de prensa.
Existe preocupación por el cumplimiento de esta sentencia, debido a que aún no se han concluido los estudios necesarios para la ejecución del proyecto, posterior a ello deberán ser aprobados por el DTI y por último ejecutar los trabajos, agrega la información.
Asimismo, se indicó que el bacheo, pese a estar definido el lugar donde deberá realizarse, no ha iniciado.
CONDENADOS POR PROCEDIMIENTO ABREVIADO
Los constructores fueron condenados mediante un procedimiento abreviado el 4 de abril de 2018, ya que aceptaron ante el juzgado de Mayor Riesgo D haber entregado sobornos al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi.
La jueza Érika Aifán les ordenó pagar una reparación integral de aproximadamente Q35 millones en obras. El haber reconocido su culpabilidad agilizó el proceso para los empresarios y, además, los libró de ir a prisión.
