Por Redacción La Hora
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La decisión del Ministerio de Gobernación de recuperar el control del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN), tras la finalización de un convenio de 10 años con el Ministerio de Cultura, contraviene la solicitud realizada por esa cartera de prorrogar el convenio, así como preceptos legales que establecen que dicho Archivo encuadraría como documento histórico y que las dependencias públicas están obligadas a enviar al Archivo General de Centro América información clasificada, algo que la extinta Policía Nacional (PN) no realizó.

En una carta que el ministro de Cultura, Elder Súchite Vargas envió al ministro Enrique Degenhart en diciembre pasado, le solicitó que por medio de un cruce de cartas se haga valer la prórroga de la vigencia de dicho documento por un plazo de 10 años, en las mismas condiciones pactadas.

La solicitud fue realizada por el ministro de Cultura previendo que la fecha de vencimiento del convenio de mérito vence el próximo 1 de julio, con fundamento en la cláusula sexta de dicho convenio.

DOCUMENTO HISTÓRICO

Por otro lado, el contenido del Archivo Histórico de la PN clasifica como un documento histórico, de conformidad con el artículo 12 numeral 1 del decreto 1768 del Congreso de la República el cual establece que se consideran documentos históricos “1) Los expedidos por autoridades civiles, militares, religiosas o municipales, ya sean originales, copias, borradores, fotocopias, con firma o sin ella, que sean de interés público…”.

Asimismo, el artículo 9 del citado Decreto indica que las dependencias públicas del Estado central están en la obligación de enviar al Archivo General de Centro América cada diez años la documentación debidamente clasificada y encuadernada que generen sus dependencias, un requisito que no fue cumplido por la extinta Policía Nacional, ya que este archivo se encontró de manera fortuita en 2005, debido a un incendio.

Ese error de la PN fue subsanado por la Policía Nacional Civil a través de la transferencia documental realizada a partir del año 2009 formalizada en actas de transferencia documental suscritas por delegados de la PNC y del Archivo General de Centro América como dependencia del Ministerio de Cultura.

NO ENCUADRA COMO INFORMACIÓN SENSIBLE

Recientemente la Asociación en Guatemala de Amigos de la Unesco manifestó su preocupación por el destino del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) debido a que el próximo 1 de julio vence el convenio firmado entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Gobernación, para el uso del edificio que guarda los documentos históricos.

También han expresado su preocupación la Procuraduría de Derechos Humanos y familiares de víctimas del conflicto armado interno, entre otros.

El ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, afirmó ayer que en el Archivo hay información sensible y protegida por la Ley de Acceso a la Información Pública y que en ningún momento han dicho que no van a tener continuidad del proceso pero que no va a ser bajo las mismas condiciones.

No obstante, esta afirmación es desmentida por expertos ya que el artículo 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública refiere que “En ningún caso podrá clasificarse como confidencial o reservada la información relativa a investigaciones de violaciones a los Derechos Humanos fundamentales y a delitos de lesa humanidad.”

Esta posición también es compartida por el Procurador Jordán Rodas, quien manifestó que pareciera que el Mingob lo que quiere es impunidad.

Por su parte, el Relator para la Libertad de Expresión de la OEA, Edison Lanza, indicó en su cuenta de Twitter que los archivos que incluyen graves violaciones a los derechos humanos, como es el caso de la APHN, deben tener amplio acceso público y preservarse fuera del control de las agencias que participaron en esas violaciones y que tampoco aplica Seguridad Nacional.

Degenhart afirmó ayer: “Es totalmente impensable el hecho de que el Ministerio de Gobernación a través de la PNC no tenga ninguna participación en el manejo de los archivos”.

Asimismo, indicó que no permitirán que la información del Archivo continúe saliendo de manera masiva del país.

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