Por Cristian Velix
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“En este momento acepto los cargos que me está imputando el Ministerio Público”, fue lo que expresó el exdiputado, Edgar Romeo Cristiani Calderón, luego de los hechos que le señaló la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en un caso de corrupción en el Registro de Información Catastral (RIC).
El Ministerio Público (MP) señaló que, a partir de febrero de 2013, Cristiani colaboró con la sustracción de dinero del RIC y se benefició del contrato otorgado a una persona en dicha institución.
En el caso conocido como “RIC: Una caja de pagos”, las investigaciones señalan que la prestación de servicios no se realizaba en beneficio del RIC y en cambio servían para que el exdiputado tuviera un piloto personal.
Las pesquisas indican que Edgar Rosales López fungía como conductor de Cristiani y se le pagaba con recursos del RIC, a pesar de que laboraba para el ahora exdiputado.
Para que López obtuviera el cargo, según la Fiscalía, se hizo el requerimiento a Omar Nájera Samayoa y Juan Carlos Monzón, supuestamente operadores de plazas.
Tras dicha operación, la exdirectora del RIC, Emilia Guadalupe Ayuso (ligada a proceso por este mismo caso) aparentemente aprobó la solicitud de Cristiani y concedió la plaza.
Por dicho hecho la Fiscalía lo señala del delito de peculado por sustracción.
De igual manera, la Fiscalía sindicó del mismo delito a Ana Lucia Recinos Chavarría.
Las investigaciones dicen que Chavarría podría haberse beneficiado de cuatro contratos como técnico en comunicación social y sensibilización del proceso catastral.
No obstante, no se presentó a trabajar, a pesar de estar contratada en el renglón 029 de servicios profesionales.
LIGADOS A PROCESO
El pasado 3 de mayo, el Juzgado Cuarto de Instancia Penal, ligó a proceso a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, por los delitos de asociación ilícita y peculado de sustracción, por presuntamente pertenecer a una estructura que defraudó al RIC.
Junto a Baldetti fueron ligadas a proceso otras 9 personas, por presuntamente cooptar la entidad a través de funcionarios públicos y directivos de la entidad, quienes habrían creado plazas que sirvieron como “moneda de pago” para cumplir con favores políticos.
Tales plazas eran posiblemente otorgadas a personas que no se presentaban a trabajar o hacían actividades diferentes para las que fueron contratados, según la investigación del MP y CICIG.
