Por Cristian Velix
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La Sala Segunda de Corte de Apelaciones revocó el amparo provisional con el que se detenían las citaciones a la audiencia de primera declaración de Gustavo Bonilla, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), por el caso de su contratación en el Ministerio Público (MP), durante la gestión de Thelma Aldana.
El también abogado deberá presentarse al Juzgado Décimo de Instancia Penal, a cargo de Víctor Cruz, luego que dicha judicatura enviara el informe circunstanciado, mismo con el que el amparo provisional quedó sin materia.
Anteriormente, el juez Cruz se había negado a remitir el informe en el que se detalla la investigación del proceso judicial, en el que está vinculado el decano, esto debido a que, según el juzgador, el caso se encuentra bajo reserva.
No obstante, la judicatura remitió el mencionado expediente el pasado 10 de mayo pasado, luego de que se conociera la resolución de la Sala acerca del otorgamiento del amparo a favor de Bonilla. La audiencia de primera declaración en la que debe comparecer el decano está programada para mañana.
PRIMERA DECLARACIÓN SIN REALIZARSE
De momento, Bonilla no ha comparecido ante el juzgado, debido a que el 9 de abril, cuando debía realizarse la audiencia de primera declaración, interpuso una excusa, sin embargo, no determinó el motivo.
En ese entonces, se presentaron tres fiscales del Ministerio Público (MP) y dos defensores de Bonilla, uno de ellos, Moisés González, quien no dio detalles de la diligencia judicial de ese día, a la cual no tuvo acceso la prensa.
INVESTIGACIÓN
Gustavo Bonilla está señalado por presuntas anomalías en la prestación de servicios en el MP durante la administración de Thelma Aldana, también sindicada en este caso y quien tiene orden de captura. Dicho contrato se suscribió el 5 de enero de 2015.
El contrato indica que Bonilla debía elaborar guías didácticas, planes docentes, guías de trabajo y agendas académicas de las capacitaciones que desarrollara el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el ente investigador.
Dichas actualizaciones profesionales debían hacerse de forma presencial, semipresencial y de forma electrónica, situación por la que Bonilla fue contratado en el renglón 029 de servicios profesionales.
Por dicho contrato Bonilla fue beneficiado con un pago de cerca de Q237 mil, los cuales se cancelaron en doce pagos efectuados en el 2015. Por ahora no se conocen mayores detalles del caso, ya que se encuentra bajo reserva.
