POR HEDY QUINO
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La fiscal general María Consuelo Porras dijo que iniciaría una investigación de oficio, por el pago de indemnizaciones que hizo la Junta Directiva del Congreso de 2018, presidida por Álvaro Arzú Escobar, contraviniendo la Constitución, sin embargo desde que hizo el anuncio, este aún no ha iniciado.
El pasado 20 de febrero, en un evento en el que el Ministerio Público (MP) firmó un convenio interinstitucional con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la fiscal Porras dijo a los medios de comunicación que había girado las instrucciones para que de oficio se iniciara con las pesquisas.
“Se dio la instrucción para que se abriera la investigación que corresponde a la Fiscalía de Delitos Administrativos, es decir que ya está en proceso esa investigación”, declaró en esa ocasión la Fiscal General.
Ese mismo día, Diario La Hora se comunicó con el jefe de la Fiscalía de Delitos Administrativos, Melvin Medina, quien afirmó que estaba a la espera de recibir la notificación para abrir el expediente correspondiente.
“Tenemos que analizar, ver instrucciones y tenemos que ver qué dice la Contraloría al ser cuestiones contables. Como no somos auditores, tenemos que ver con ellos primero”, dijo el fiscal en ese entonces.
PORRAS SIN GIRAR INSTRUCCIONES
De esto han pasado más de dos meses, y el anuncio de Porras no ha pasado de ser solo eso, pues se contactó de nuevo al fiscal Medina para conocer el avance de esta investigación, y de manera cortante dijo desconocer el tema, contrario a lo que declaró en un inicio.
“Fíjese que no es conmigo, porque cuando hay fondos de por medio no hay delito –de tipo- administrativo, sería la Fiscalía Contra la Corrupción, perdone, no es con nosotros, es con el licenciado Campo -jefe de la Fiscalía Contra la Corrupción-”, respondió Medina al consultarle por ese expediente.
“En su momento eso dijo La Hora, que nosotros no nos poníamos de acuerdo con el licenciado Campo quien lo iba a llevar –el caso-, pero al final él lo tiene”, agregó el fiscal Medina.
Se le recordó al Fiscal sobre el anuncio que hizo Porras, sobre la investigación de oficio. “Sí pues, pero no lo tenemos nosotros, perdone pero ya me están llamando”, respondió Medina y terminó la comunicación vía telefónica.
Por esta situación se consultó a Julia Barrera, portavoz del MP, para conocer si este caso fue trasladado a otra fiscalía, por lo que se nos dijo que era la Fiscalía Contra la Corrupción la que estaba a cargo de este.
LA HISTORIA SE VUELVE A REPETIR
Tras las declaraciones del fiscal Medina y lo dicho por la comunicadora del MP, se contactó al jefe de la Fiscalía Contra la Corrupción, Stuardo Campo, quien dijo que era la Fiscalía a cargo de Medina la que llevaba este caso.
“Si no mal recuerdo, esta investigación la abrió de oficio la Fiscalía de Delitos Administrativos, con el fiscal Melvin Medina”, dijo Campo.
Campo explicó, que en su momento la Fiscalía que tiene a su cargo analizó el caso, para determinar si existían delitos relacionados a la corrupción para iniciar con una investigación oficial, pero se resolvió que por ser un tema de indemnizaciones ilegales no era competencia de su unidad.
“Si hablamos de una ilegalidad, se podría relacionar con el delito de abuso de autoridad, y ese tipo de faltas no las ve la Fiscalía Contra la Corrupción, sino es la de Delitos Administrativos, pero dependería del análisis de este, para determinar si es procedente o no abrir una investigación de oficio”, detalló Campo.
“En esta Fiscalía no la abrimos -la investigación de oficio- , si Delitos Administrativos consideró que no era pertinente abrirlo, pues sería esta otra opción”, añadió.
“Otra cosa es cuando viene algún tipo de instrucción de nuestros superiores, que nos digan abran de oficio, si esto sucede, nosotros investigamos, pero cuando nosotros hacemos el análisis y establecemos que no es de nuestra competencia, no abrimos una investigación”, explicó el fiscal.
A Campo también se le recordó el anuncio que hizo la fiscal Porras, sobre las instrucciones que había girado para iniciar de oficio una investigación. “Recuerdo una publicación de ustedes, pero cuando hice el análisis especifico, consideramos que no era competencia de esta Fiscalía, sino la de Delitos Administrativos”, dijo al respecto.
“No le sabría decir si la Fiscalía de Delitos Administrativos recibió algún tipo de instrucción, pero en lo que le concierne a la Fiscalía Contra la Corrupción, aquí actualmente no existe investigación sobre estos hechos”, reiteró Campo.
“Por lo menos de manera directa a la Fiscalía no, no recuerdo yo recibir esa instrucción, sí recuerdo el caso y estimamos que no era de nuestra competencia iniciar una investigación”, respondió Campo, al preguntarle si la fiscal Porras le había girado la instrucción de abrir una investigación de oficio.
No es la primera vez que ambos fiscales se encuentran en esta situación, pues anteriormente los jefes de esas Fiscalías no acordaban quién debía iniciar una investigación de oficio por el pago millonario en indemnizaciones que hizo el Congreso el año pasado.
El 19 de febrero, este vespertino publicó la nota “Fiscalías no acuerdan quién debe investigar pago de indemnizaciones”, en la que se detalló cómo el jefe de la Fiscalía de Delitos Administrativos, Melvin Medina dijo que el análisis de este tipo de casos le correspondía a la Fiscalía Contra la Corrupción.
En ese entonces, el fiscal Campo también indicó que no era su fiscalía el que se encargaba de estos casos, sino la Unidad que está a cargo de Medina.
INDEMNIZACIONES
La Hora pudo documentar que a partir del mes de agosto de 2018, la Junta Directiva aceptó la renuncia y autorizó el pago de prestaciones de al menos 20 trabajadores del Congreso de la República contratado como personal 011, con fundamento en dictámenes del Departamento de Nóminas, Prestaciones y Honorarios, contraviniendo artículos de la Constitución y resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC).
El artículo 110 de la Constitución Política de la República establece: “ARTÍCULO 110. Indemnización. Los trabajadores del Estado, al ser despedidos sin causa justificada, recibirán su indemnización equivalente a un mes de salario por cada año de servicios continuos prestados. Este derecho en ningún caso excederá de diez meses de salario”.
Pese a esto, la Directiva pagó hasta 50 y 33 años de servicio, en algunos casos se hicieron pagos de Q2 millones 429 mil 524 con treinta y ocho centavos y Q1 millón 314 mil 928.
Para cumplir con los pagos la Junta Directiva acordó tomar recursos propios (ahorros de economías de años anteriores) por la cantidad de Q22 millones 820 mil 758.
