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/var/www/wp-content/themes/Newspaper-child/loop-single.php on line 105Por: Cristian Velix
cvelix@lahora.com.gt
En el Congreso de la República de Guatemala se han discutido iniciativas de ley con el fin de reducir el hacinamiento en las cárceles del país, sin embargo, analistas consultados expresan que estas no impactarían en el problema de fondo, aunque se podrían implementar alternativas y rescatar algunos puntos de los proyectos de ley hasta ahora presentados.
Hasta el 9 de mayo de este año, la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) contabilizaba 24 mil 930 privados de libertad, de los cuales 51 por ciento se encuentra en prisión preventiva y el resto está cumpliendo alguna sentencia.
Un estudio del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) señala que los espacios en las prisiones del país están adecuados para 6 mil 812, por lo que habría una sobrepoblación de un 366 por ciento.
Los diputados Luis Hernández Azmitia, Juan Ramón Lau y Felipe Alejos presentaron las iniciativas 5466 y 5474, que supuestamente buscaban mitigar esa sobrepoblación carcelaria.
Estos proyectos de ley, conocidos como Ley Cese del Encarcelamiento, levantaron preocupaciones por la posibilidad de convertirse en un beneficio para los sindicados en casos de corrupción.
La propuesta contempla dejar libre a una persona luego de permanecer un año en prisión preventiva, en específico si no se ha resuelto su causa penal; actualmente se encuentra en segundo debate en el pleno del Congreso.
Otra iniciativa es el proyecto de ley 5311 conocido como “Ley de Aceptación de Cargos”, presentado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual busca descongestionar todo el Sistema de Justicia, uno de esos elementos es el Sistema Penitenciario (SP).
Esta establece una reducción de penas a quienes acepten los cargos que se le imputan. Dicha pena puede reducirse en una tercera, cuarta o quinta parte, según la etapa procesal en la que el sindicado acepte su responsabilidad de los delitos que se le sindican. La iniciativa no ha sido aprobada por artículos y redacción final.
REFORMA PENAL Y CONTROL TELEMÁTICO
El abogado Andy Javalois, de la Fundación Myrna Mack, indicó que estas legislaciones no atajan el problema del hacinamiento y que se necesita de una revisión a todo nivel que no solo incluya el proceso penal, sino también el Código Penal.
Junto a ello, Javalois expresó que habría que revisar las penas asignadas por el Código Penal, las leyes penales especiales como la Ley en Contra del Narcotráfico o la Ley en Contra del Lavado de Dinero u Otros Activos, esto para aplicar sustitutivos penales.
“Necesitaríamos hacer una revisión concienzuda, auténtica y objetiva sobre las sanciones que dichas normativas incluyen, para poder aplicar lo que la doctrina penal define como ‘sustitutivos penales’, que son la aplicación de sanciones distintas a la pena privativa de libertad, que no significa dejar en la impunidad”, puntualizó Javalois.
En tanto eso no ocurra, agregó el experto, y no se apliquen otros mecanismos como el control telemático para garantizar la presencia de los sindicados en los procesos, se seguirá teniendo medidas paliativas que no solucionan el problema.
Hay que recordar que la Ley de Implementación de Control Telemático en el Proceso Penal, aprobada en 2016, no ha sido implementada hasta la fecha, la cual busca que mediante pulseras, tobilleras o brazaletes se tenga control de los sindicados, como medida alterna a la prisión para sanear la crisis carcelaria.
OPERATIVIDAD
Por su parte, Elvyn Díaz, del Instituto de Ciencias Comparadas en Ciencias Penales (ICCPG), coincidió en que esos proyectos de ley no solucionan problema de fondo de la prisión preventiva, y que estas generarían un síntoma de impunidad, debido a que las personas podrían salir de esa medida por el período que estipula la ley, con el existente peligro de fuga o de obstaculización a la justicia.
“Para nosotros es recomendable que el Congreso de la República de marcha atrás con esa iniciativas, para poder tener una discusión integral sobre la prisión preventiva. La mora judicial no se va a resolver con ese tipo de reformas, requiere de políticas administrativas propias de la política judicial”, sentenció Díaz.
Mientras que Francisco Quezada del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), explicó que antes de debatir sobre las leyes, es necesario que opere de buena forma el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ), y agregó que el sistema de audiencias debe desarrollarse mejor y tras eso se debería acompañar con una buena legislación.
A pesar de ello, el analista comentó que se pueden rescatar conceptos interesantes de las iniciativas de ley, como el excarcelamiento por edad y evitar la prórroga de la prisión provisional, las cuales podrían servir para solucionar el problema del hacinamiento en las cárceles, pero advirtió que no impactarían duramente en el problema.
“Todo lo que sea en beneficio de ir bajando datos que se pueden mejorar y no privilegiar tanto la detención, vale la pena estudiarlo”, dijo Quezada.
REALIDAD NACIONAL
Para solucionar el problema de la sobrepoblación en las cárceles, Oswaldo Samayoa, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), expresó que se necesita de una reforma penitenciaria integral, con la existencia de métodos de control estatal, para brindar medidas de coerción distintas a la prisión preventiva.
Asimismo, agregó que se necesita de una revisión de la infraestructura carcelaria, así como la reorganización administrativa del Sistema Penitenciario (SP) en el cumplimiento de contratos, mayor contratación de personal y la superación de la visión de seguridad, para entrar a una visión social.
No obstante, Samayoa manifestó que en el país no se ha desarrollado la idea de que las personas pueden reinsertarse a la sociedad sin necesidad de estar privadas de libertad. “El problema es que la sociedad guatemalteca aún no asume su responsabilidad en la participación que como comunidad tenemos, para que las personas puedan reinsertarse. Es una sociedad altamente sancionadora y que busca permanentemente el castigo de la persona que realiza un delito”, concluyó Samayoa.
FRASES
“Necesitaríamos hacer una revisión concienzuda, auténtica y objetiva sobre las sanciones que dichas normativas incluyen, para poder aplicar lo que la doctrina penal define como ‘sustitutivos penales’, que son la aplicación de sanciones distintas a la pena privativa de libertad, que no significa dejar en la impunidad”.
Andy Javalois, abogado de la Fundación Myrna Mack.
“Para nosotros es recomendable que el Congreso de la República dé marcha atrás con esa iniciativa, para poder tener una discusión integral sobre la prisión preventiva. La mora judicial no se va a resolver con ese tipo de reformas, requiere de políticas administrativas propias de la política judicial”.
Elvyn Díaz, ICCPG.
“Todo lo que sea en beneficio de ir bajando datos que se pueden mejorar y no privilegiar tanto la detención, vale la pena estudiarlo”.
Francisco Quezada, CIEN.
