Por Denis Aguilar
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La Asamblea Ciudadana Contra la Corrupción y la Impunidad (ACCI) hizo hoy un llamado a la Corte de Constitucionalidad (CC) para que no caiga en el juego de sectores que aseguran, buscan convertir los comicios del próximo mes en un “ajedrez electoral” y evitar de esta forma participaciones políticas.
Según Rafael Arriaga, miembro de la ACCI, en el actual proceso electoral varios grupos están tratando de que no se elija a los candidatos o candidatas más capaces, sino que se está tratando de eliminar por la vía a judicial a rivales políticos de la contienda.
“Nos preocupa profundamente en la Asamblea Ciudadana que en Guatemala haya diversos sectores de la sociedad que en vez de estar promocionando a los candidatos de su predilección, en vez de estar promoviendo lo bueno que pueden ofrecer al pueblo de Guatemala, se están dedicando a descalificar a los candidatos que se oponen”, afirmó.
Para Arriaga, la actual situación va más allá de una campaña electoral y se está convirtiendo en un juego de ajedrez político-electoral, señalando que un claro ejemplo de esta situación es la apelación que presentó el partido Semilla para la inscripción de Thelma Aldana como candidata a la presidencia.
Según Arriaga, los que se oponen a determinadas candidaturas están tratando de limpiar el terreno y dejar a los candidatos de su preferencia, aunque estos no reúnan la capacidad y la idoneidad que se requieren.
AMICUS CURIAE
Esta situación en el proceso de elecciones fue calificada como una “desnaturalización completa del proceso electoral”, por parte de la Asamblea Ciudadana Contra la Corrupción y la Impunidad, por lo que presentaron un amicus curiae ante la CC.
“Este amicus curiae plantea a la Corte de Constitucionalidad nuestra solicitud que no permita que seamos manipulados, que los magistrados y magistradas de la CC no permitan esa manipulación y que resuelvan en estricto derecho”, dijo Arriaga.
Asimismo, calificaron como “una vergüenza” el caso de Aldana, a quien consideran se le ha descalificado mediantes acciones judiciales arbitrarias, por lo que piden al alto tribunal constitucional que resuelva decretando un amparo provisional a favor de la exfiscal general.
Arriaga citó al Pacto de San José, el cual fue ratificado por Guatemala, asegurando que este establece que en los casos judiciales tiene que haber una sentencia emitida por un juez para que se evite la participación política de alguien.
