POR MARIELA CASTAÑÓN
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La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) reportó en su último informe que actualmente hay 24 mil 982 personas privadas de libertad en los 21 centros carcelarios, de las cuales 12 mil 873 están en prisión preventiva y 12 mil 109 en cumplimiento de condena.
Las cárceles guatemaltecas acaparan la atención cuando ocurren hechos de violencia como los disturbios de ayer en la Granja Penal Pavón, que provocó siete muertos. También cuando los delitos que se planifican en la cárcel afectan la vida cotidiana de la población.
Sin embargo, la violencia interna y externa en las cárceles tiene su origen en la falta de control y en el hacinamiento.
El 28 de noviembre del año pasado, la Coalición por la Seguridad Ciudadana junto al Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), presentaron el informe “La prisión preventiva en Guatemala”, donde destacaron que la cantidad de personas en esta situación creció a un ritmo superior a lo que incrementó la población reclusa.
“Entre 2008 y 2018, la población reclusa total creció 190% (de 8 mil 400 a 24 mil 400); las personas en prisión preventiva aumentaron 300% (de 2 mil 900 a 11 mil 600) y las personas cumpliendo condena 125% (de 5 mil 700 a 12 mil 800)”, se informó.
El CIEN explicó en su informe con datos hasta septiembre del año pasado, que la cantidad de personas privadas de libertad aumentó en 300 por ciento durante los últimos 11 años. Esto provocó mayor hacinamiento en los espacios para prisión preventiva y la DGSP no ha logrado ajustar su infraestructura por la falta de planificación oportuna.
“El hacinamiento genera una sobrecarga al Sistema Penitenciario, la cual a su vez agrava el descontrol interno y las condiciones de reclusión de las personas privadas de libertad”, reiteró.
MARCO LEGAL, PROCESO PENAL Y SP
Ante la problemática observada en el sistema carcelario, el CIEN concluyó en recomendaciones relacionadas con el marco legal, proceso penal y sistema carcelario.
En el marco legal refirió que no cumple a cabalidad con los estándares internacionales en materia de prisión preventiva, que la ley favorece la prisión preventiva, por tanto recomendó modificar el Código Procesal Penal y eliminar el catálogo de delitos que no pueden recibir medidas sustitutivas.
Entre los hallazgos en el proceso penal indicó que tienen una larga duración, de dos años y medio. Asimismo, hubo un aumento de 150 por ciento en la cantidad de personas en audiencias de primera declaración. Además se determinó que la mitad de las personas en prisión preventiva está en la etapa intermedia de su proceso penal, fase en la cual se detectan los mayores atrasos en el proceso.
Al Sistema Penitenciario recomendó ampliar la infraestructura penitenciaria en general y también para las personas en prisión preventiva de forma urgente.
“Se requiere de una planificación de infraestructura a mediano y largo plazo, incluyendo proyecciones de cantidades de privados de libertad a futuro, y una ejecución presupuestaria con mayor eficiencia”.
El CIEN refirió que es importante que dichos proyectos de infraestructura tengan continuidad a pesar del cambio de autoridades. Por otro lado, enfatizó que se debe administrar los nuevos espacios penitenciarios bajo el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, para garantizar condiciones dignas y humanas de reclusión.
