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/var/www/wp-content/themes/Newspaper-child/loop-single.php on line 105Por Douglas Gámez
dgamez@lahora.com.gt
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) presentó ocho solicitudes de antejuicio, entre las que destacan una contra el ministro de Economía, Acisclo Valladares y otra contra el diputado y candidato oficial de (FCN-Nación) a la presidencia, Estuardo Galdámez.
Los requerimientos de retiro de inmunidad son para profundizar en una investigación a una estructura que supuestamente dirigía la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, quien mediante promesas de dinero habría asegurado la aprobación de leyes, asignación de cargos directivos, entre otros asuntos en el Congreso por medio de la bancada del Partido Patriota entre los años 2012 y 2014.
Uno de esos casos involucraría a la empresa de telefonía Tigo y la aprobación en 2014 de la Ley de Telecomunicaciones; Valladares en ese entonces era directivo de la Fundación de la compañía.
La FECI también pidió que se levante el antejuicio de los diputados Juan José Porras, Haroldo Quej, Boris España, Gustavo Arnoldo Medrano, Mirna Magnolia Figueroa y Marco Antonio Orozco, por los delitos de cohecho activo, asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero y otros activos.
¿DE DÓNDE PARTE ESTE CASO?
El nuevo caso del Ministerio Público en conjunto con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), parte de la información de la posible compra de votos de los diputados de la bancada oficial en el período 2012-2014.
La dinámica de la estructura, según las investigaciones, partía de que Baldetti supeditaba al Legislativo mediante la promesa de pagos bimensuales de Q50 mil a jefes de línea (soborno que identificaban como “las champurradas”), quienes eran un grupo de diputados que se encargaban de asegurar el actuar de entre ocho a nueve legisladores a su cargo.
Entre esos jefes de línea se encuentran los parlamentarios a los que la FECI pide se les retire la inmunidad.
De ser los pagos constantes, tomando en cuenta la cantidad de diputados que integraban la bancada Patriota entre 2012 y 2014, los sobornos habrían alcanzado aproximadamente un monto de Q57.8 millones. Incluso, algunos de los diputados, a los que la FECI pide levantar la inmunidad incluyendo el delito de lavado de dinero, habrían comprado vehículos de lujo de forma sospechosa sin aclarar la procedencia del dinero con el cual hacían las adquisiciones.
Esta práctica de control sobre el Legislativo habría iniciado desde antes que el Patriota asumiera la Presidencia y la mayoría legislativa, específicamente el 12 de enero de 2012, cuando los diputados se reunieron con Baldetti en un hotel para recibir instrucciones de la conformación de la directiva.
Ese mecanismo se mantendría durante los siguientes años, hasta que se destapó el Caso La Línea. Baldetti se reunía, según las pesquisas, con los diputados las primeras ocasiones en el Club Guatemala y luego los encuentros se trasladaron a Casa Presidencial, según la investigación.
Para sustentar la investigación, los entes encargados cuentan con información recopilada durante allanamientos practicados a Tigo, Superintendencia de Telecomunicaciones, SAAS, análisis forenses al teléfono móvil de Baldetti, chats de WhatsApp, declaraciones de testigos, incluidos Juan Carlos Monzón y un exdiputado del Patriota.
Las pesquisas dan cuenta que mediante chats, Baldetti supuestamente controlaba la asistencia de los diputados al pleno, sus votaciones, entre otros aspectos y las fechas de estos coinciden con la aprobación de leyes o actuaciones específicas de los legisladores.
Los testimonios y registros también habrían permitido verificar la asistencia de los legisladores a las reuniones con Baldetti; varias de ellas en Casa Presidencial.
EL CASO TIGO
El caso por el cual la FECI solicitó el retiro de inmunidad de ocho funcionarios, sería por la aprobación del decreto 12-2014, la Ley de Telecomunicaciones o mejor conocida como Ley Tigo.
Acisclo Valladares, Mario López y Luis Fernando Valladares, son identificados en las pesquisas como los directivos de la empresa que cabildearon por el proyecto legislativo, este sería prácticamente elaborado en Casa Presidencial, según testimonios e información recopilada en la investigación.
El proyecto original, sus modificaciones, en las cuales se cambiaron aspectos a la normativa relacionadas al bloqueo de señal en centros de privación de libertad para mejorar su receptividad, entre otras coordinaciones, quedarían plasmados en correos electrónicos en los cuales eran integrados los directivos de la compañía de telefonía.
El 8 de abril de 2014, día en que la iniciativa fue aprobada, los diputados Valentín Gramajo y Edgar Christiani, aparentemente fueron encomendados para presentar el proyecto de ley desde la Vicepresidencia, además, por medio del legislador Alex Castillo se le habría informado al bloque que esta debía aprobarse sin modificaciones y de proponer cambios, antes debía informarse a la vicepresidenta.
DINERO, SAAS Y PAQUETES
Para asegurar que la legislación avanzará, según testimonios y otros indicios recopilados por los entes investigadores, Acisclo Valladares y Luis Fernando Valladares habrían entregado maletas con dinero que recogieron agentes de la SAAS en las oficinas de los directivos, las cuales eran trasladadas a la residencia de Baldetti en “Los Eucaliptos”, ahí supuestamente eran recibidas por el personal de la vivienda.
Luego los paquetes eran enviados a Casa Presidencial, donde una asistente de Baldetti los recibía, parte del personal que asistía a la exvicemandataria documentó los paquetes; el dinero se introducía en sobres para los jefes de línea, quienes llegaban por ellos.
¿CÓMO HABRÍA FAVORECIDO A TIGO?
Según la investigación, la normativa benefició a Tigo y compañías relacionadas a esta, específicamente en la presentación de expedientes ante la SIT para la autorización de inversiones en infraestructura, las cuales se realizaron incluso un día después de la habilitación de esa opción; en un día presentaron 33 documentos para requerir el aval para instalar infraestructura.
En ese sentido, la compañía habría sido el único beneficiado de aspectos así durante seis meses, por ejemplo, habría obtenido el 91 por ciento de autorización para la instalación de cables de fibra óptica, según las pesquisas.
El comportamiento de la estructura se considera como una supeditación de un poder a otro, ya que el Congreso no realizaba sus funciones y actuaba en función de los productos que le trasladaba el Ejecutivo, refiere la investigación; por ello el caso fue denominado “Subordinación al poder Legislativo al Ejecutivo: Una expresión de la captura al Estado (el mecanismo de la compra de votos)” y se considera una alteración de la democracia y el sistema.
MP – CICIG EXPLICAN POR QUÉ, POR AHORA, NO HAY MÁS SINDICADOS EN CASO TIGO
Luego de que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) presentará ocho antejuicios para profundizar en una indagación por la supuesta compra de votos en 2014, por la aprobación de Ley de Telecomunicaciones, el Ministerio Público y CICIG explicaron por qué, por ahora, no hay más sindicados.
El caso involucraría a directivos de la compañía Tigo y diputados del Partido Patriota en el período legislativo anterior, así como a la exvicepresidenta, Roxana Baldetti. Los entes investigadores dieron cuenta que una acción legal tendría que ver con la no presentación de más acciones hoy.
“No obstante, hoy se están presentando únicamente los antejuicios en contra de los funcionarios que participaron en las posibles actividades ilícitas, y no se procedió a solicitar citación y/o captura de los exfuncionarios involucrados en los mismos señalamientos que ya no gozan de inmunidad. Ello, debido a que aún se encuentra en impugnación la decisión de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente que resolvió con lugar la recusación promovida por los representantes de la empresa Tigo en contra de la jueza del Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente”, indicaron en un comunicado de prensa.
“Es importante resaltar que la Sala de Apelaciones resolvió que no se probó la causal de recusación; sin embargo por “sanidad procesal”, ordenó remitir las actuaciones al Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal a cargo del Juez Víctor Manuel Cruz Rivera”, añadieron.
Por último, remarcaron que: “Los representantes de la empresa de telecomunicaciones han realizado numerosas peticiones como si fuesen sujetos procesales. No obstante mediante acción constitucional de amparo promovida contra las diligencias de allanamiento realizadas en noviembre de 2017 a las oficinas de la entidad, el Tribunal constitucional únicamente les reconoció su calidad de interesados. Es decir, que sin tener la calidad de sujeto procesal, han promovido una serie de impugnaciones, así como tres denuncias penales contra fiscales del caso, incluso, han requerido la separación del personal de la FECI del proceso”.
Hoy la FECI presentó una solicitud de antejuicio contra el ministro de Economía, Acisclo Valladares y el diputado Estuardo Galdámez, también candidato a la Presidencia por FCN-Nación, y seis diputados más.
