POR HEDY QUINO
hquino@lahora.com.gt
Luego que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), revelaran el Caso Subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo, en el que señala que el Congreso del 2014 benefició a la empresa de telefonía Tigo con la aprobación de una Ley a cambio de coimas, el ministro de Economía, Acisclo Valladares, afirmó que las acusaciones en su contra son “dimes y diretes”, sin sustento.
Valladares indicó que este caso le sorprende y le preocupa el Estado de Derecho en Guatemala, pues es más de lo mismo. “Se sustentan casos en testigos cuestionables, en un período de reserva que supera más del año y medio que establece el Código Procesal Penal”, dijo.
“Si se analiza el caso, no pasa de ser dimes y diretes de señalamientos sin un sustento. Estoy seguro que la Corte Suprema de Justicia, resolverá este caso como espurio”, añadió el funcionario.
Valladares aceptó que sí sostuvo discusiones sobre la normativa, pero nada fuera de lo ordinario, pues en ese entonces era presidente de la Gremial de Telecomunicaciones de la Cámara de la Industria de Guatemala.
Las pesquisas del MP-CICIG señalan a Valladares como uno de los operadores que coordinó la entrega de dinero a la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti. “De los hallazgos de la investigación se derivó que la promesa de dádiva correspondía a pagos bimensuales de Q50 mil por diputado”, dice parte de la investigación.
