Por Douglas Gámez
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Luego de que hoy la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), presentará ocho antejuicios para profundizar en una indagación por la supuesta compra de votos en 2014, por la aprobación de Ley de Telecomunicaciones, el Ministerio Público y CICIG explicaron por qué, por ahora, no hay más sindicados.
El caso involucraría a directivos de la compañía Tigo y diputados del Partido Patriota en el período legislativo anterior, así como la exvicepresidenta, Roxana Baldetti. Los entes investigadores dieron cuenta que una acción legal tendría que ver con la no presentación de más acciones hoy.
«No obstante, hoy se están presentando únicamente los antejuicios en contra de los funcionarios que participaron en las posibles actividades ilícitas, y no se procedió a solicitar citación y/o captura de los exfuncionarios involucrados en los mismos señalamientos que ya no gozan de inmunidad. Ello, debido a que aún se encuentra en impugnación la decisión de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente que resolvió con lugar la recusación promovida por los representantes de la empresa TIGO en contra de la juez del Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente», indicaron en un comunicado de prensa.
«Es importante resaltar que la Sala de Apelaciones resolvió que no se probó la causal de recusación; sin embargo por “sanidad procesal”, ordenó remitir las actuaciones al Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal a cargo del Juez Víctor Manuel Cruz Rivera», añadieron.
Por último, remarcaron que «Los representantes de la empresa de telecomunicaciones han realizado numerosas peticiones como si fuesen sujetos procesales. No obstante mediante acción constitucional de amparo promovida contra las diligencias de allanamiento realizadas en noviembre de 2017 a las oficinas de la entidad, el Tribunal constitucional únicamente les reconoció su calidad de interesados. Es decir, que sin tener la calidad de sujeto procesal, han promovido una serie de impugnaciones, así como tres denuncias penales contra fiscales del caso, incluso, han requerido la separación del personal de la FECI del proceso».
Hoy la FECI presentó una solicitud de antejuicio contra el ministro de Economía, Acisclo Valladares y el diputado Estuardo Galdámez, también candidato a la Presidencia por FCN-Nación, y seis diputados más.
