Por Cristian Velix
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En el Juzgado Quinto de Instancia Penal, a cargo de la jueza Judith Secaida, se llevó a cabo la audiencia de primera declaración de Jorge Alejandro Villavicencio Álvarez, ex ministro de Salud, en la que escuchó los hechos y delitos que le imputa la Fiscalía contra la Corrupción.
Los hechos por los que se señala a Villavicencio son el pago de Q14 millones a favor del abogado César Landelino Franco, lo cual, según la Fiscalía, generó “un grave perjuicio funcional a la administración pública, ante la falta de transparencia, legalidad y juridicidad en el ejercicio de la función pública que ostentaba –Villavicencio–”.
Dichos honorarios estuvieron destinados en la negociación del pacto colectivo entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG) y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Pública (MSPAS), las cuales contravinieron a las finanzas del Estado, ya que según las pesquisas no se contaba con un Dictamen de Disponibilidad Presupuestaria Financiera.
En esa línea, la Fiscalía indica que no hubo un contrato escrito que viabilizara los pagos, a pesar de que la Ley de Contrataciones establece que la suscripción de servicios, cuyo costo supere los Q100 mil, debe sustentarse con uno de ellos.
Los delitos que se le imputan al exfuncionario es peculado por sustracción y abuso de autoridad, por los cuales la entidad investigadora ya solicitó que sea ligado a proceso.
Por su parte, Villavicencio indicó que no cometió ningún delito, y afirmó que presentó documentación en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala CICIG con relación al caso. “Como puede ser que si ellos hicieron una investigación como debería de ser para imputar los delitos que se me sindican y el daño que me están haciendo de manera personal, no tengan dicha documentación”, dijo el exministro Villavicencio.
El exministro fue detenido el pasado 23 de abril, después de permanecer prófugo por varios meses. Además, por este caso, se efectuaron al menos 11 capturas el pasado 18 de enero.
INVESTIGACIÓN
La investigación se desarrolló a partir de tres denuncias presentadas, una por el diputado Roberto Villate, la Contraloría General de Cuentas (CGC) y una del exministro de Salud, Luis Monterroso, por anomalías en la suscripción del Pacto Colectivo.
Por dicho caso, ya están procesados Luis Antonio Alpírez Guzmán y Dora Regina Ruano Saldaña, dirigentes sindicales del Frente Nacional de Lucha (FNL), entre otros. El abogado Landelino Franco aún no ha sido capturado.
