POR HEDY QUINO
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El abogado Alejandro Balsells acudió a una vista pública en la Corte de Constitucionalidad (CC), a solicitar a los magistrados a que se dé con lugar una apelación que presentó en marzo último por un amparo que solicitó en contra del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), para que la Contraloría General de Cuentas (CGC) fiscalice a dicha entidad.
Balsells explicó que, en septiembre pasado solicitó un amparo a la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero esta instancia lo denegó en marzo.
El amparo busca obligar a la Contraloría a fiscalizar al CANG, específicamente los ingresos que obtienen por el impuesto del timbre notarial y timbre forense, así como el aporte de Q8 millones que recibirá este año por parte del Estado, detalló el jurista.
“El CANG es el único colegio profesional que recibe un aporte estatal y la Constitución manda que toda persona que recibe fondos del Estado debe ser fiscalizado por la Contraloría”, afirmó Balsells.
Por su parte, el presidente del CANG, Ovidio Orellana, indicó que de conformidad con sentencias anteriores de la CC, la Contraloría no debe intervenir en la fiscalización del Colegio, pues los impuestos de los timbres no son fondos estatales.
