Por: Cristian Velix
cvelix@lahora.com.gt
En medio de la campaña que desarrollan los partidos políticos para captar votantes y los casos relacionados a delitos de financiamiento electoral ilícito del proceso electoral anterior que aún se ventilan en los juzgados del país, analistas consultados consideran que tanto el Ministerio Público (MP) como el Tribunal Supremo Electoral (TSE) deben trabajar de cerca para atacar ese problema.
El pasado viernes 12 de abril, la jueza Claudette Domínguez, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo “A”, ligó a proceso por los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado a Gustavo Alejos, Víctor Duarte, Alejandro Sierra y Juan Pablo García (quien también es sindicado por perjurio), por el Caso de Financiamiento Electoral UNE 2015.
Todos ellos son señalados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por presuntamente pertenecer a una estructura que en el 2015 creó una serie de entidades con el fin de eludir los controles del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y no reportar al ente aportes por casi Q20 millones.
Pero este caso no es el único que ha detectado y develado el MP con apoyo de CICIG en los últimos años, las indagaciones han alcanzado a los partidos FCN-Nación, el extinto Partido Patriota y Lider.
Incluso el jefe de la CICIG, Iván Velásquez, indicó en varias ocasiones que el financiamiento electoral ilícito era el pecado original de la democracia guatemalteca.
En esa línea, Eddy Cux, de Acción Ciudadana, indicó que para identificar este tipo de anomalías en el proceso electoral la Fiscalía a cargo de investigar esos delitos debe realizar un trabajo en conjunto con el TSE.
“La Unidad de Fiscalización del TSE debe transmitir información del desenvolvimiento de los partidos, cómo se están financiando, si han reportado, si están cumpliendo con todos los procedimientos y la Fiscalía también tendría que estar en constante monitoreo para evitar este tipo de situaciones”, acotó el analista.
Sin embargo, Cux comentó que quizá el MP y el TSE no tengan la capacidad para monitorear el financiamiento que se da en especie o en lugares lejanos del país.
“Eso es un poco difícil porque daría entrada incluso al crimen organizado de que empiece a financiar ilícitamente a través de otros métodos que no son los financieros tradicionales, como en especie, comida, entre otros”, manifestó Cux.
Por su parte, José Carlos Sanabria, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), señaló que el financiamiento electoral no registrado es un problema “complicado de erradicarlo por completo”.
“Considero que tanto el MP como el TSE a través de un trabajo coordinado y muy efectivo que han estado desarrollando, sí han fortalecido las capacidades, no llegando a capacidades plenas y totales para cubrir todas las elecciones en todo el territorio del país”, expresó Sanabria.
Respecto a los partidos que han incurrido en las faltas de financiamiento, el experto indicó que “de alguna manera ha sido la norma en el sistema de partidos políticos”.
Al mismo tiempo, Sanabria dijo que es difícil anticipar si los partidos políticos incurran de nuevo en estas prácticas. “Es necesario fortalecer y apoyar los mecanismos institucionales para evitarlo y hacer un llamado a los actores políticos para que actúen en el marco de la normativa”, concluyó el analista.
