Por: Cristian Velix
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El 16 de abril de 2015, Thelma Aldana, en ese entonces jefa del Ministerio Público (MP), e Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en una conferencia de prensa daban a conocer el caso de una estructura ilícita de defraudación aduanera, denominada “La Línea”.
Dicha investigación fue la primera de los múltiples casos de corrupción que rodearon a la administración del Partido Patriota (PP), y en el que resultaron implicados Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, mandatarios de la nación en ese año.
Ese caso despertó un conjunto de manifestaciones populares que tuvieron como punto de encuentro la Plaza de la Constitución y que motivaron la dimisión del binomio presidencial del PP. Desde entonces, han pasado cuatro años.
No obstante la lucha contra la corrupción a la fecha ha ido sumando más ataques debido a sus primeros resultados, según analistas.
“Indudablemente sí se ha visto afectada –lucha anticorrupción– sobre todo porque se retiró el apoyo político e institucional a la Comisión por parte del Gobierno. Eso incidió de manera negativa en que la lucha contra la corrupción y el combate a la impunidad se consolidara como una política de Estado”, expresó Gustavo Fong, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies).
Además, las investigaciones en contra de los sindicados por la Fiscalía se han visto marcadas por la interposición de recursos legales, como recusaciones, amparos y solicitudes de retiro de la Comisión de los casos.
Respecto a ello, el experto manifestó que “un entorno de hostilidad hacia la CICIG y de retirar su trabajo favorece, por ejemplo, prácticas de litigio malicioso y otras opciones de muchos de los sindicados, tendentes a retardar los procesos”.
Tal situación, agregó Fong, trasmite un mensaje a la sociedad de que las acciones judiciales dejaron de ser efectivas.
Por su parte, Eleonora Muralles, del Movimiento Pro Justicia, indicó que existe evidencia de que la lucha contra la corrupción se ha debilitado, sin embargo resaltó el trabajo de la CICIG al enfrentarse a estructuras criminales que han cooptado al Estado.
“Antes de CICIG esto era prohibido, no había la capacidad en ninguna institución del Estado para enfrentarse estos grandes delitos que no son de ahora, sino que vemos de hace muchos años que tenemos este problema y gracias a la Comisión logramos sacar a estos gobernantes (Pérez y Baldetti)”, señaló la profesional.
A pesar de ello, Muralles expresó que “esa misma lucha contra la impunidad que trajo a Guatemala CICIG provocó que esas estructuras criminales se fortalecieran, es contradictorio porque debían haberse debilitado”.
Esta situación, fue provocada, según la activista social, por la unión de las organizaciones ilícitas que cooptaron nuevamente el Estado, en contribución con el Gobierno actual.
