Por: Cristian Velix
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El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, informó que el Ministerio Público (MP) ha iniciado gestiones para solicitar órdenes de captura internacional en contra de Gustavo Adolfo Herrera Castillo y Enma Alcira Felipe Orellana, sindicados en el Caso Fénix develado el viernes.
“Tenemos información de que podrían encontrarse en Nicaragua, al tener la información confirmada, tendremos que iniciar las gestiones para la captura internacional con fines de extradición”, indicó Sandoval.
Los dos están señalados en el Caso Fénix, una investigación realizada por la FECI y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), y en el que se les sindica de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
Las pesquisas del Caso Fénix, señalan que existió una estructura que utilizó diferentes tipos de empresas que eran propiedad o tenían relación con Gustavo Adolfo Herrera Castillo, esto con el fin de dar apariencia de legalidad al origen de los recursos sustraídos de un contrato fiduciario que se estableció con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
En dicho caso también se encuentra involucrado Sergio Alfredo Herrera Acevedo, hijo de Gustavo Herrera, quien es señalado por el delito de lavado de dinero.
Herrera Acevedo fue capturado el pasado viernes 12 de abril, luego de 20 allanamientos realizados por la Fiscalía y la CICIG ese día en áreas del departamento de Guatemala.
La investigación fue abierta en 2004 tras un informe de la Superintendencia de Bancos (SIB), a eso se agregó una denuncia interpuesta por el IGSS en 2005, lo cual motivó la apertura de las pesquisas por parte de la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero.
No obstante, la investigación fue desestimada por el juez contralor en el 2014. Sin embargo, los entes investigadores continuaron las diligencias que permitieron la reapertura del proceso por lavado de dinero.
INFLUENCIA
Considerado como una persona de influencia en el Organismo Judicial (OJ), Gustavo Herrera, se encuentra bajo el estatus de asilo político en Nicaragua, tras declararse “perseguido político” de la CICIG. Tal situación le fue otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país.
