POR REDACCIÓN LA HORA Y JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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El Juzgado D de Mayor Riesgo a cargo de la jueza Érika Aifán, rechazó el criterio de oportunidad planteado por el Ministerio Público (MP), a favor de los cinco empresarios sindicados en una fase del caso de financiamiento electoral ilícito no reportado al partido FCN-Nación de la campaña electoral 2015.
Cuando se retomó la audiencia en horas de la tarde, los abogados de los cinco empresarios ratificaron su apoyo al planteamiento de la Fiscalía encargada del expediente.
Sin embargo, al resolver, la jueza Aifán hizo ver varias deficiencias relacionadas a los expedientes y acuerdos alcanzados con los sindicados con respecto a la documentación que se puso a la vista de la judicatura. En ese sentido, llamó la atención del fiscal José Rafael Curruchiche.
“No se dan presupuestos legales para que yo pueda declarar con lugar el criterio de oportunidad”, dijo la jueza Aifán.
El MP había hecho este requerimiento como una “medida desjudicializadora”. El fiscal Rafael Curruchiche, de la Fiscalía de Delitos Electorales, argumentó que, luego de que se reformó el delito de financiamiento electoral ilícito y entró en vigencia el financiamiento electoral no registrado, tipificado en el 407 “O” del Código Penal, era viable otorgar el criterio de oportunidad.
Aifán también requirió en su resolución que se analice la conducta del fiscal Curruchiche y si incurrió en alguna responsabilidad administrativa o penal al momento de negociar los acuerdos sin presencia de CICIG y PGN. La Procuraduría solicitó originalmente que se certificara lo conducente contra el agente fiscal por tres delitos.
JUEZA TAMBIÉN HACE REFERENCIA A LO SOLICITADO POR LA PGN
La jueza también rechazó el sobreseimiento que había requerido la Procuraduría General de la Nación (PGN).
En la mañana, la PGN, por medio de su representante, se opuso al criterio de oportunidad y pidió el sobreseimiento del caso, a favor de los empresarios sindicados.
Como parte de su argumentación, la PGN dijo que no existe ningún delito que atribuir en contra de los empresarios, por lo que no se puede aplicar al criterio de oportunidad porque ello conllevaría una aceptación expresa de un ilícito que no se cometió.
Sin embargo, al mismo tiempo, el representante de la PGN dijo que se vulneraron sus derechos porque, cuando el MP acordó el criterio de oportunidad con los empresarios, no se le citó para escuchar su opinión en su calidad de víctima.
Sobre este reclamo, tanto la jueza Aifán como los abogados defensores advirtieron en la mañana que el mandatario de la PGN estaba contradiciéndose porque, por un lado, afirmaba que no existió delito, pero, por el otro, manifestaba sentirse agraviado porque como “víctima” se le vedó el derecho de opinar sobre el criterio de oportunidad.
El representante de la PGN se pronunció tras conocerse la resolución de la jueza y ratificaron su oposición al criterio de oportunidad, principalmente aduciendo que no fueron citados para el procedimiento que realizó el MP.
“La figura con la que pudo solventarse es con la aplicación de un sobreseimiento”, afirmó el representante de la PGN.
El mandatario de la CICIG, Leopoldo Zeissig, se opuso en la mañana al criterio de oportunidad, ya que consideró que la conducta de los empresarios no solo atentó contra el orden institucional, sino también contra el proceso electoral.
DEFENSA PROPONE CONCILIACIÓN PARA NO DESPERDICIAR “EL ESFUERZO”
Por su parte el abogado de Felipe Bosch, indicó que como abogados defensores tienen el derecho de instar a soluciones alternas, y que la legislación permite esos mecanismos. “Se buscó el acercamiento con la Comisión –CICIG-, con MP y PGN no buscando nada más que esta solución y estos acuerdos”, refirió.
“Le rogaría señora juez que no desperdiciemos el esfuerzo, que busquemos un acuerdo, instó a las otras instituciones que dialoguemos”, añadió el abogado instando en repetidas ocasiones a una conciliación y buscar soluciones.
Mientras que el mandatario de la CICIG, indicó que se oponían a lo solicitado y requirieron que se continuará con la siguiente etapa procesal. El MP no emitió postura y la PGN indicó que se estaría repitiendo lo sucedido en la audiencia si se accedía a una conciliación.
La jueza no pudo subsanar la falta de consentimiento de dos de las partes procesales, explicó Aifán “No podemos retrotraer el proceso de etapas que ya están finalizadas”, dijo a la vez de declarar sin lugar la petición de la defensa de que se señale una audiencia de conciliación. Luego suspendió la audiencia y reprogramó para que prosiga el proceso el 8 de abril.
