Por Regina Pérez y Denis Aguilar
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Esta mañana se presentó el Pacto Ciudadano, integrado por al menos 15 plataformas ciudadanas, que busca crear acuerdos entre ciudadanos y políticos en el país con el fin de construir una serie de puntos para definir los principios de la buena política y proteger los avances logrados y evitar el retroceso del Estado de Derecho.

Las plataformas que integran el Pacto son: Asamblea Ciudadana contra la Corrupción y la Impunidad, Autoridades Ancestrales, Frente Campesino, Frente Ciudadano Contra la Corrupción, Foro de Organizaciones Sociales Especializadas en Seguridad, Grupo Interreligioso Centinelas y Alianza por las Reformas.

También la Convergencia Nacional para la Reforma Política, Foro Migrantes Guatemalteco, Diálogo por Guatemala, Reflexión País, ACCESA, Grupo Gestores, CEGSS y Red de Defensores por el Derecho a la Salud.

Carmen Rosa de León Escribano, de Iepades, señaló que es importante escuchar propuestas y ser parte de las mismas.

“Queremos conocer propuestas políticas y proporcionar criterios consensuados sobre una agenda de país, por eso hablamos de pacto, porque queremos escuchar propuestas y queremos incidir en esas propuestas para el futuro del país”, indicó.

La ciudadanía debe estar atenta ante una cooptación del Estado, “la lucha contra la impunidad y la corrupción debe ser frontal”, indicó de León, agregando que se ha unido para “defender la democracia”.

También abordó los principios de la nueva política, en la que esta sea accesible y cercana a la ciudadanía, además de fomentar la transparencia y de una rendición de cuentas.

El Pacto Ciudadano propone un intercambio de información y debate informado sobre temas de interés general que pueda llegar a toda la población.

Ana María Diéguez, del Frente Ciudadano Contra la Corrupción, dijo que la política y la ciudadanía tienen que ir de la mano e hizo un llamado a que otras organizaciones para que se sumen al Pacto Ciudadano.

El representante de la Autoridades Indígenas, Miguel Ángel Alvarado, dijo que los actuales diputados son miembros del Pacto de Corruptos, al igual que alcaldes en sus comunidades, “tenemos que cambiar este país, ya que ya llegó a su límite por tanta corrupción”, indicó.

Álvaro Montenegro, de Justicia Ya, indicó que esperan que las próximas elecciones abran las puertas hacia mejores puertos. También pidió que se cumpla con el Artículo 113 de la Constitución para todos los candidatos, el cual habla del derecho a optar a empleos o cargos públicos.

PUNTOS DE NO RETORNO

Entre los puntos de no retorno, el Pacto Ciudadano promueve estos:

El Estado y lo público no pueden volver a ser botín de actores y redes de corrupción.

La corrupción no es aceptable, ni es una condición con la que la sociedad tenga que convivir.

La independencia de poderes y los balances republicanos no pueden volver a ser secuestrados por grupos de interés sectorial y criminal.

La participación en el ámbito público no debe ser una profesión de quienes carezcan de vocación de servicio, ética y cualidades adecuadas.

El fortalecimiento de control de los órganos de control como garantes de la transparencia y la cuentadancia de la administración pública no debe interrumpirse ni debilitarse.

El mandato y la naturaleza de las instituciones que luchan contra la impunidad y la corrupción no pueden ser distorsionados.

La observancia, el respeto y la promoción de los derechos humanos son base del orden social y jurídico por lo que no deben ser vulnerados ni tergiversados.

El derecho a manifestación y protesta, a la libertad de expresión no deben ser criminalizados, limitados o reprimidos.

LA NUEVA POLÍTICA

El Pacto Ciudadano propone algunos aspectos enfocados hacia una nueva política, como por ejemplo que esta sea accesible y cercana a la ciudadanía, para que los políticos recojan las preocupaciones de la población y las puedan atender.

Asimismo, propone una ética de servicio público, donde la voluntad, honestidad, lealtad y servicio a la sociedad debe ser la forma de gobierno.

Otras propuestas son la transparencia y la rendición de cuentas, que la lucha contra la corrupción y la impunidad no sean distorsionadas, el respeto a los derechos humanos, el derecho a la manifestación y la libre expresión, entre otros.

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