Por Redacción La Hora
lahora@lahora.com.gt
El Departamento de Estado de EE.UU. informó que prohibió el ingreso a territorio estadounidense a la magistrada Blanca Stalling, así como a sus hijos Julio Alejandro y Otto Fernando Molina Stalling, por su involucramiento en un caso de corrupción.
En un comunicado de prensa, la embajada de Estados Unidos anunció la designación de Stalling por su involucramiento en “casos de corrupción importantes”, lo cual indican la hace no apta para entrar a ese país, según la sección 7031 de la Ley de Asignaciones para el Departamento de Estado, Operaciones en el Extranjero y Programas Relacionados del Año Fiscal 2018, conforme queda prolongada por la ley de Asignaciones Programadas de 2019, según ha sido enmendada.
Asimismo se informó que bajo la disposición de esa ley, los hijos mayores de Stalling, Alejandro y Otto Fernando tampoco son aptos para ingresar a Estados Unidos.
En el comunicado, la Embajada enfatizó que Estados Unidos mantiene su fuerte compromiso con la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala y seguirá usando las numerosas herramientas que están a su disposición para asegurar que individuos involucrados en corrupción, narcotráfico y otras actividades ilegales no puedan evadir las consecuencias de los hechos ilegales.
También informó que desde inicios de este año, EE.UU. ha revocado las visas o ha declarado no aptos para entrar a ese país a más de 150 guatemaltecos. “Algunos son sospechosos de estar involucrados en hechos criminales, incluyendo narcotráfico y corrupción; o son familiares que se beneficiaron de estos hechos ilícitos” indicó el comunicado de prensa.
Según la información, estas revocaciones de visa y designaciones de no aptitud se realizaron bajo la sección 221 (i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
La magistrada separada del cargo, Blanca Stalling, enfrenta etapa intermedia por los delitos de tráfico de influencias y por resistirse al arresto, actualmente goza de medidas sustitutivas. En tanto su hijo Otto Molina Stalling, ex asesor fue condenado a 6 años de prisión y 3 meses de cárcel por cobro ilegal de comisiones, en el caso IGSS Pisa.
