POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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La reserva del caso de la ex fiscal general Thelma Aldana, candidata a la Presidencia por el partido Semilla, durará un lapso de diez días, con la posibilidad de que se amplíe el plazo si la Fiscalía así lo requiere.
Debido a la reserva del caso, el fiscal Melvin Medina, de la Fiscalía de Delitos Administrativos, no ha querido brindar información respecto a si se solicitó el arraigo o una citación para audiencia de primera declaración.
Luego de que el juez Víctor Cruz, titular del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, decretara la reserva de la investigación, Aldana publicó en su cuenta de Twitter que la autoridad electoral le había ordenado no iniciar con la campaña.
“La disposición del @TSEGuatemala de no dejarnos iniciar campaña, es una ventaja para nuestros adversarios y es otra forma de como el #PactoDeCorruptos manipula al sistema. #AlertaGuate”, dijo Aldana en un tuit.
Andy Javalois, analista de la Fundación Myrna Mack, dijo que la reserva de un caso se solicita cuando existe la necesidad de proteger alguno de los medios de investigación que se están obteniendo, tales como declaraciones testimoniales.
El fin es evitar que los medios de prueba puedan verse afectados por la acción de terceras personas que tengan interés en que no se esclarezca el proceso, comentó.
Oswaldo Samayoa, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), dijo que el momento en que la Fiscalía inicia con este proceso genera la sospecha de que todo sea un intento para impedir la participación en la contienda electoral de una persona.
Por su parte, Rootman Pérez, miembro del equipo de Thelma Aldana, dijo ayer que desde diferentes ámbitos existe la intención de intimidar y presionar al Registro de Ciudadanos para que no inscriba al binomio presidencial de Semilla.
Sin embargo, dijo que se cumplieron con todos los requisitos y es cuestión de tiempo que sean inscritos.
CASO
El caso de Aldana se deriva de un contrato que adjudicó el Ministerio Público durante la gestión de Aldana como Fiscal General a favor del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, Gustavo Bonilla.
El contrato establecía que Bonilla debía prestar servicios profesionales como docente jurídico y “contribuir al desarrollo de las actividades de docencia y facilitación de los contenidos programáticos del Plan de Estudios de la Carrera Fiscal (…)”.
El fiscal Melvin Medina explicó en ocasiones anteriores que otro de los implicados en este caso es Bonilla.
La investigación deberá determinar si los servicios se prestaron con regularidad o no.
