Por Denis Aguilar
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Comunitarios de varios departamentos del país, en acompañamiento de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), pidieron hoy a la Corte de Constitucionalidad (CC) hacer efectiva la resolución emitida contra el acuerdo 145-2013, el cual facultaba a la empresa Trecsa para la construcción de torres eléctricas en el país.
Ramón Cadena, director de la CIJ para Centroamérica, indicó que la notificación de la resolución de la CC fue emitida en el mes de enero de este año, luego de que resolvió en diciembre del año pasado, pero que a la fecha no ha sido publicada en el Diario Oficial.
Cadena explicó que la Comisión Nacional de Energía Eléctrica presentó un recurso de aclaración ante la CC, el cual todavía no ha sido resuelto por la Corte. “El tiempo sigue transcurriendo, por eso estamos pidiendo que la Corte de Constitucionalidad resuelva el recurso de apelación”, dijo Cadena.
Además, Cadena menciona que la resolución declara inconstitucional el acuerdo 145-2013, con lo cual la empresa colombiana Trecsa se queda sin un marco jurídico para seguir con la construcción de la red eléctrica en el país.
“Creemos que esto debería de suspender todo el trabajo, todas la obras de Trecsa deberían de suspenderse y debería el Estado también buscar el pago de daños y perjuicios a todas las comunidades, porque ha habido un grave daño a las comunidades y a las personas a las que han obligado a aceptar un proyecto sin consulta, porque no hubo ninguna consulta, imponiendo servidumbres obligatorias”, dijo Cadena.
El interés social no lo puede declarar el Organismo Ejecutivo, señaló Cadena, asegurando que el interés social lo tiene que declarar el Congreso de la República.
El acuerdo 145-2013, publicado en el Diario Oficial el 3 de abril del 2013, declaró de urgencia nacional la expansión del sistema de transporte de energía eléctrica y el Plan de Electrificación Rural, el cual fue declarado inconstitucional por la CC.
Dicho acuerdo fue aprobado por el entonces presidente de la República, Otto Pérez Molina; los comunitarios agregaron que el mandatario no puede atribuirse este tipo de decisiones, ya que esto tenía que haberse aprobado en el Congreso.
Laura Rojas, una de las comunitarias, señaló que en octubre de 2013 se presentó una primera acción de inconstitucionalidad, la cual tuvo una sentencia dos años después sin que pasara nada, desestimándose el caso, por lo que posteriormente realizaron una nueva acción, la cual fue dada con lugar, pero que no ha entrado en vigencia al no publicarse en el Diario Oficial.
Indicaron que son alrededor de 77 los municipios a nivel nacional los afectados por la construcción de las torres de energía eléctrica, las cuales señalan que se han construido sobre importantes fuentes de recursos hídricos para las comunidades.
TRECSA CONTINUARÁ CON TRABAJOS
Trecsa emitió hoy un comunicado de prensa en el que aseguraron que continuarán realizando todos los esfuerzos necesarios para dar cumplimiento al compromiso que adquirió con el Estado, el cual sigue vigente al firmar el Contrato de Ejecución de Obras del Proyecto Plan de Expansión del Sistema de Transporte de Energía.
Según Trecsa, el Plan comprende la construcción de 863 kilómetros de nuevas líneas de transmisión de 230 kilovoltios, y 24 obras entre las que se incluyen ampliaciones y construcción de nuevas subestaciones. A la fecha Trecsa ha alcanzado el 74% del avance constructivo, lo que representa 526 km de construcción, 700 kms de servidumbres constituidas y 19 de 23 subestaciones construidas, lo que aseguran ha permitido la energización del 52 por ciento del total previsto.
En el comunicado también indicaron el artículo 129 de la Constitución declara de urgencia nacional la electrificación en el país, con base en planes formulados por el Estado y las municipalidades, y que la ejecución de los proyectos como el Plan de Expansión del Sistema de Transporte de Energía (PET) contribuye así a tener un servicio de energía más accesible, estable y económico.
