Por Redacción La Hora
lahora@lahora.com.gt
El pasado miércoles, el compañero de fórmula de Zury Ríos, Roberto Molina Barreto, mencionó una denuncia que se planteó recientemente contra la magistrada de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras, por supuestamente beneficiar a Marlene Blanco Lapola, sindicada de ejecución extrajudicial y hermana del diputado de la UNE, Orlando Joaquín Blanco Lapola. Sin embargo, por este mismo caso, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ya rechazó una solicitud de antejuicio contra la togada en 2016.
En una conferencia de prensa junto con Ríos, Molina Barreto dijo que tuvo conocimiento que el martes se presentó una querella penal contra Gloria Porras por falsificaciones en actas y resoluciones de la CC en el 2015 con el fin de favorecer con una medida sustitutiva a Blanco Lapola.
Su intención era demostrar que existe una afinidad entre Porras y la UNE, considerando que la sindicada que pudo resultar beneficiada con una medida sustitutiva ilegal es hermana de uno de los principales diputados de la UNE.
El nuevo antejuicio al cual hace referencia Molina Barreto fue promovido por Pablo Gabriel Pallarés Cruz Gomar. Entre su argumentación, dice que el 29 de marzo de 2016, siendo magistrada presidenta de la CC, Porras retiró maliciosamente de la agenda del pleno una apelación interpuesta por Marlene Blanco Lapola en contra de un amparo definitivo que otorgó la CSJ a favor del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
El amparo de la CSJ apelado ordenaba a la Sala de Mayor Riesgo revocar una resolución que había confirmado las medidas sustitutivas a favor de Blanco Lapola y emitir un nuevo fallo.
Según el denunciante, Porras retiró el expediente para que no se conociera la apelación interpuesta por Blanco Lapola, pese a que cuatro magistrados ya habían votado a favor de que se conociera el caso.
Sin embargo, en 2016, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó in limine una solicitud de antejuicio que promovió el abogado Mario Isaac Acevedo Ramírez contra Porras por estos mismos hechos.
Acevedo Ramírez también argumentó en el antejuicio que el 29 de marzo de 2016 Porras, con abuso de autoridad y provocando un retardo en la administración de justicia, retiró de la agenda la apelación interpuesta por Marlene Blanco Lapola en contra del amparo que otorgó la CSJ a favor del MP y la CICIG.
Al tomar esta actitud, dijo Acevedo Ramírez, Porras favoreció una medida sustitutiva ilegal para Blanco Lapola.
Este antejuicio fue rechazado in limine por la CSJ ya que no pudo establecerse por Acevedo Ramírez que la apelación se puso en agenda del pleno de magistrados de la CC el 29 de marzo del 20116. “(Acevedo) señala que tiene conocimiento al respecto, pero no le consta de forma directa lo referido”, dictaminó la CSJ.
Asimismo, la CSJ, al rechazar el antejuicio, advirtió que si hubiese sido el caso que Porras retiró la apelación de la agenda del pleno, es una facultad que ella tenía con el fin de realizar un análisis de la argumentación.
¿QUÉ DICE PORRAS?
Porras calificó este antejuicio como espurio, ya que en este se hacen afirmaciones que se sustentan en meras especulaciones.
La magistrada aclaró que el 30 de junio de 2016 presentó su inhibitoria para conocer la apelación, por lo que no tiene ni voz ni voto para resolver ese asunto. “(…) por ello los supuestos que se denunciaron resultan espurios e infundados en cuanto que existe interés manifiesto de retardar ese expediente de apelación”, dijo Porras.
Además, la magistrada dijo que es falso que cuatro magistrados hayan dado su voto para que la apelación se resolviera en la sesión del 29 de marzo de 201. Esto, debido a que en el acta del pleno faccionada por el secretario general únicamente se hace constar que el expediente fue retirado a requerimiento de Porras para revisar los argumentos de Blanco Lapola, pero no existe ninguna anotación respecto a que algunos magistrados hayan votado para que se conociera la apelación.
“(…) si así hubiese ocurrido, el Secretario de la Corte lo hubiera hecho constar en el acta, sin embargo, no se hizo porque en ningún momento esto ocurrió”.
La magistrada también advierte que el retiro de expedientes del pleno de magistrados para su estudio es algo normal en la discusión y aprobación de fallos y afirmar que esto constituye un retardo en la administración de justicia es ilógico porque previo a la emisión de la sentencia los jueces constitucionales deben hacer un análisis.
LOS ARGUMENTOS DE MOLINA
Pallarés Cruz Gomar expone en su solicitud de antejuicio hechos que le fueron compartidos por Molina Barreto y enumera un listado de sucesos con los que a su juicio se demuestran actos reñidos con la ley.
