POR DOUGLAS GÁMEZ
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Un grupo de senadores y congresistas demócratas de Estados Unidos presentaron esta tarde una iniciativa legislativa para sancionar a funcionarios guatemaltecos por no acatar las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad como lo anunció en la mañana un grupo de diputados guatemaltecos, sin embargo, la propuesta legislativa incluye más situaciones a considerar para aplicar sanciones, los cuales detallamos a continuación.
En un comunicado de prensa publicado en la página de la congresista de origen guatemalteco, Norma Torres y ponente de la iniciativa, se detalla que la normativa viabilizaría la aplicación de la Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos.
En específico se aplicaría contra los funcionarios guatemaltecos “que han cometido actos de corrupción, han obstruido la justicia, han utilizado indebidamente el equipo proporcionado por los Estados Unidos, han desobedecido los fallos de la Corte Constitucional de Guatemala y han interferido en el trabajo del gobierno de los Estados Unidos”.
La Ley de Responsabilidad del Estado de Derecho de Guatemala como se le denominaría a la legislación, aplicaría sanciones financieras, incluido el bloqueo de activos y la denegación de visas, a funcionarios guatemaltecos actuales o antiguos relacionados a la corrupción. También garantizaría que Estados Unidos recupere cualquier equipo de seguridad que sea utilizado indebidamente por el gobierno de Guatemala.
Los senadores Ben Cardin (D-MD) y Patrick Leahy, así como los congresistas demócratas, Norma J. Torres (D-CA) y James P. McGovern (D-MA), son los ponentes de la iniciativa.
“En Guatemala, las acciones de un gobierno que enfrenta investigaciones de corrupción han puesto en peligro la estabilidad y la democracia del país y han socavado los esfuerzos apoyados por los Estados Unidos para abordar la causa fundamental de la migración”, indicaron en el comunicado de prensa.
“Frente a las denuncias de corrupción, el presidente guatemalteco Jimmy Morales se ha aliado con actores criminales y corruptos que intentan frustrar la justicia a cualquier costo. Ordenó la remoción de una comisión anticorrupción financiada por los Estados Unidos, diezmó el liderazgo de la Policía Nacional Civil, atacó la independencia del poder judicial y usó descaradamente los Jeeps J8 proporcionados para intimidar al personal diplomático de los Estados Unidos», argumentó la congresista Norma Torres durante la presentación de la iniciativa.
“El Congreso debe defender al pueblo guatemalteco y su larga lucha para construir una democracia estable y próspera. A menos que actuemos ahora, Guatemala está en riesgo de descender a la anarquía, y veremos las consecuencias en nuestra frontera sur”, añadió.
«Las sanciones específicas incluidas en este proyecto de ley dejarán en claro que Estados Unidos no se sentará de brazos cruzados mientras los funcionarios gubernamentales corruptos de alto rango engañan al pueblo guatemalteco de su prosperidad y su futuro», advirtió McGovern.
Mientras que el Senador Cardin consideró que la iniciativa representa su respaldo a las iniciativas anticorrupción para Guatemala.
“La corrupción exacerba la inseguridad, la gobernabilidad y los desafíos económicos que impulsan a tantos guatemaltecos a abandonar sus hogares. Esta ley confirma el compromiso de los EE. UU. Con el estado de derecho, al tiempo que garantiza un uso más eficiente y apropiado de la asistencia de los EE. UU. Para abordar las causas fundamentales de la migración”, puntualiza Cardin en el comunicado.
«Este proyecto de ley es una respuesta directa a las acciones flagrantes de los funcionarios en Guatemala para subvertir el estado de derecho», dijo el senador Leahy.
