Por Denis Aguilar
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Esta mañana, al menos 50 organizaciones firmantes presentaron un memorial Amicus Curiae por la suspensión parcial de la Ley de Banco de Datos Genéticos ante la Corte de Constitucionalidad (CC), con el argumento de que al decretarse una inconstitucionalidad en este caso se violenta el derecho que tienen las víctimas de abuso sexual a que se alcance la justicia.
“No solo afecta a las víctimas, sino también a las personas que están siendo sindicadas de algún delito porque a la hora de efectuarse una prueba de ADN puede ser que le sea favorecedora como hemos visto en algunos casos, pero también ayuda a vincular aquellos casos que han estado en la impunidad porque no se ha logrado identificar al agresor”, dijo Claudia Hernández, directora ejecutiva de la Fundación Sobrevivientes, una de las organizaciones firmantes.
En noviembre de 2018, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) accionó contra dicha ley ante la CC, argumentando que atenta contra los derechos de los guatemaltecos. La CC amparó a la entidad.
