Por Eder Juárez
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En la Ley de Asignaciones Consolidadas para el año fiscal 2019-2020 de los Estados Unidos, se determina la cooperación para varios países entre ellos Guatemala, que tendrá acceso al 50 por ciento de lo que le fue asignado si cumple con varios requisitos entre ellos, cooperar con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), así como investigar y procesar a funcionarios y exfuncionarios presuntamente corruptos.
Ante dicha disposición se consultó a un analista y al Secretario de Comunicación Social de la Presidencia para conocer su postura.
El excanciller Gabriel Orellana indicó que a su juicio hay varias cosas interesantes del condicionamiento que Estados Unidos hace sobre Guatemala, y uno de ellos es saber qué va hacer el Gobierno de Guatemala, “porque esto ya se venía intuyendo desde hace un tiempo cuando Estados Unidos dijo que quería una CICIG con modificaciones, pero el mensaje implícito era que continuara”, recalcó.
“El Gobierno actual con la posición ideológica tan recalcitrante que mantiene posiblemente intentará dejárselo al Gobierno entrante, aplicar la política que el que venga atrás que arree, pero el punto a considerar es que aquí ya no es un equipo político sino que hay una serie de intereses políticos y económicos con mucho poder, que de alguna manera van a tratar de torpedear este asunto”, dijo Orellana.
Se le consultó al Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, sobre la postura del Gobierno de Guatemala, respecto al condicionamiento de los Estados Unidos a lo que respondió: “Con relación a ese tema, el Ministerio de Relaciones Exteriores no cuenta con esa información, según la Cancillería Estados Unidos no ha condicionado el apoyo”.
