Por REDACCIÓN LA HORA
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La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) entregó una carta al Congreso de la República mostrando su preocupación por la posibilidad de aprobar la Ley 5377, que reforma la Ley de Reconciliación Nacional y en la que solicitó no aprobar esa iniciativa.
“Dichas reformas, además de contravenir el Derecho Interno, podrían llegar a afectar seriamente las obligaciones internacionales del Estado de Guatemala, de no permitir la impunidad, juzgar y castigar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos”, indica la misiva.
Asimismo, la CIJ recordó que investigar las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes internacionales y de juzgar y castigar a los autores de éstos, debe considerarse como una obligación irrenunciable del Estado, bajo el Derecho Internacional.
“Es un momento en el que el Sistema Judicial está luchando contra la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos…las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, vendrían a agregar un nuevo obstáculo al Derecho de Acceso a la Justicia de las Víctimas” señala en la carta.
Además, la CIJ considera que “en lugar de imponer más obstáculos a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, las autoridades del Estado de Guatemala deben demostrar que tienen un compromiso incuestionable con la lucha contra la impunidad.
La CIJ argumentó su petición señalando la irretroactividad de la ley, citando que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Guatemala es parte, establece en su artículo 15 una expresa excepción al principio de irretroactividad que establece que nada de lo dispuesto en ese artículo se opondrá al juicio ni condena de una persona por actos u omisiones que en el momento de cometerse fueron delictivos, excepción que tiene por objeto permitir el enjuiciamiento y castigo de actos reconocidos como criminales, aun cuando no estaban tipificados al momento de su comisión.
También argumentó el deber de garantía de los Estados de procesar judicialmente y castigar a los responsables y autores de graves violaciones a los derechos humanos así como el hecho de que las amnistías o indultos que impiden que los autores de graves crímenes sean juzgados y sanciones son incompatibles con las obligaciones que impone el Derecho Internacional de los Derechos Humanos a los estados.
