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/var/www/wp-content/themes/Newspaper-child/loop-single.php on line 82POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
jaguila@lahora.com.gt
La sentencia del Caso Sepur Zarco, en el que quedaron probados hechos de violencia sexual contra 11 mujeres maya quekchí, se encuentra firme sin ningún recurso legal que la pueda revertir. Ahora, las víctimas acompañadas de su equipo legal luchan porque las distintas instituciones del Estado cumplan con la reparación ordenada por un tribunal de justicia guatemalteco.
La sentencia condenatoria de 240 años de prisión contra el comisionado militar Heriberto Valdez Asij por delitos contra los deberes de la humanidad y desaparición forzada, así como los 120 años de prisión contra el coronel Esteelmer Francisco Reyes Girón por asesinato y delitos contra los deberes de la humanidad ya fue ratificada y quedó firme desde noviembre del año pasado, luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) rechazara una acción de amparo promovida por Reyes Girón.
El amparo era el último recurso legal para revertir la sentencia condenatoria que dictó el Tribunal de Mayor Riesgo “A” el 26 de febrero de 2016.
Una de las medidas de reparación principales que ordenó el Tribunal tiene que ver con que el Estado facilite la propiedad de la tierra a las abuelas maya quekchí. La importancia de cumplir con ello es que la lucha por la tierra emprendida por los esposos de las víctimas fue una de las causas de la represión y de la esclavitud sexual contra las mujeres entre 1982 y 1983.
La investigación, que quedó probada durante el juicio, demostró que en 1982 los hombres de la comunidad Sepur Zarco intentaron tramitar la titulación de sus parcelas ante el Instituto de Transformación Agraria. En respuesta, el Ejército, protegiendo los intereses de la élite terrateniente que se sintió amenazada por la solicitud de la tierra, tal como lo establece un peritaje sociológico-militar de Héctor Rosada, los desapareció y a sus viudas (las abuelas que declararon en el juicio) las sometieron a violencia y esclavitud sexual.
Actualmente, la comunidad de Sepur Zarco está asentada sobre una finca privada de 29 caballerías, según la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), cuyo propietario original falleció. Hoy son ocho los herederos que pertenecen a tres distintas familias.
Paula Barrios, abogada de Mujeres Transformando el Mundo, dijo que los herederos unificaron su mandato en un solo abogado y se presentó una oferta inicial de Q600 mil por caballería, la cual está sujeta a negociaciones.
Barrios dijo que las condiciones están dadas para iniciar con las negociaciones, sin embargo, ve con preocupación que las actuales autoridades de la SAA, instancia encargada de coordinar la resolución y transformación de conflictos relativos a la tierra, ha detenido las mesas de diálogo.
La justificación de las autoridades de la SAA era que, previo a continuar con las negociaciones, era necesario que la sentencia quedara firme, por lo que ahora que la Corte de Constitucionalidad ya ratificó la sentencia se debería de continuar con los trámites.
“En este momento la sentencia ya está firme, no hemos tenido ninguna comunicación de parte de ellos (de la SAA). El expediente está completo, la oferta está presentada. Lo único que tocaría sería que, a nivel del Ejecutivo (del cual forma parte la SAA), decidieran cuál va a ser la guía para la compra y cómo van a direccionar los fondos para que esto se lleve a cabo”, dijo Barrios.
Otra de las razones por la que es importante que la finca pase a manos del Estado es porque hay otras medidas de reparación que no se pueden cumplir si la comunidad sigue asentada sobre propiedad privada.
Las medidas de reparación que dependen de la regularización de la tierra son la construcción por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de un centro de salud tipo A, la instalación por parte del Ministerio de Educación de un establecimiento de educación media bilingüe y la construcción por parte de la Municipalidad de El Estor, departamento de Izabal, de un monumento que represente la búsqueda de justicia de las mujeres de Sepur Zarco.
La Hora intentó comunicarse con el subsecretario de resolución de conflictos, Yury Arana, para conocer qué acciones se están tomando para gestionar el acceso a las tierras de las víctimas en este proceso. Sin embargo, canceló la entrevista que se tenía pactada, por lo que no fue posible consignar su postura.
MP DARÁ SEGUIMIENTO
Hilda Pineda, jefa de la Fiscalía de Derechos Humanos, considera que, ahora que la sentencia está firme, debería haber mayor voluntad para cumplir con las medidas de reparación, ya que no todas las instituciones lo están abordando de manera adecuada.
“Esperamos que ahorita que ya está firme la sentencia ya se puedan tomar decisiones y asignar en los presupuestos de los ministerios para que se puedan cumplir las medidas restaurativas”, afirma la fiscal.
La jefa de la Fiscalía de Derechos Humanos comenta que, de no cumplir alguna institución con las medidas de reparación, podría incluso incurrir en el delito de desobediencia, por lo que se le dará seguimiento al caso.
Pineda dijo que uno de los indicadores para determinar si el Estado está cumpliendo con las 16 medidas de reparación serán los presupuestos que los ministerios realicen al final del año, ya que cada uno, en sus planes, debería asignar un monto al cumplimiento de la medida que le corresponda.
Miriam Roquel, procuradora adjunta de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), dijo que esta semana se realizará una reunión en la sede del Ministerio Público en la que se discutirá lo relativo al cumplimiento de la reparación digna de las víctimas y se requerirá formalmente el acompañamiento de la PDH.
De momento, la PDH se ha mantenido al margen del proceso porque el caso se encuentra “judicializado”, es decir, en control de los tribunales de justicia.
AVANCES
De las 16 medidas de reparación, Mujeres Transformando el Mundo ya registra algunos avances. Uno de estos es que la sentencia ya fue traducida a seis idiomas mayas y se espera que este año se avance en otros idiomas.
Además, se busca con el Ministerio de Educación que la sentencia sea trasladada a un formato oral en idiomas mayas para aquellas personas que no pueden leer.
En cuanto a la medida que ordena dar con el paradero de las personas de la comunidad que fueron víctimas de desaparición forzada, MTM sostuvo una reunión con la Fiscalía y se han coordinado acciones de investigación.
“Sabemos que siguen sin ser identificadas o encontrados los restos de los esposos de las abuelas y esta es una medida muy importante para ellas. Con el Ministerio Público hemos continuado las acciones de investigación que den lugar a poder establecer el paradero de los esposos”, comentó Paula Barrios.
La medida de reparación que ordena declarar el 26 de febrero como Día Nacional de Víctimas de Violencia Sexual, Esclavitud Sexual y Doméstica también ha avanzado. Actualmente ya cuenta con dictamen favorable por la Comisión de la Mujer del Congreso de la República.
Medidas de reparación
1. El MP debe continuar con la investigación para dar con el paradero de las personas desaparecidas en Sepur Zarco y comunidades vecinas, con la colaboración de los familiares de las víctimas.
2.El MSPA debe, a mediano plazo, construir e instalar un centro de salud tipo A en la comunidad Sepur Zarco.
3.El Ministerio de Educación (Mineduc) debe mejorar la infraestructura de las escuelas de educación primaria de las comunidades de San Marcos, Poombaac, La Esperanza y Sepur Zarco.
4.El Mineduc deberá instalar un establecimiento de educación media bilingüe que garantice el derecho a la educación de niñas, adolescentes y mujeres.
5. El Mineduc deberá otorgar becas de estudio en los tres niveles de educación a la población de Sepur Zarco.
6.Se ordena al Estado que se continúe con el trámite de los expedientes presentados por los campesinos ante el Instituto Nacional de Transformación Agraria. Debido a que dicha institución ya no existe, debe hacerlo la SAA.
7. Los Comités de Desarrollo de Sepur Zarco, San Marcos, La Esperanza y Poombaac deberán realizar las gestiones necesarias para la dotación de servicios básicos en las comunidades y en las viviendas de las víctimas.
8.Se ordena al Ministerio de Cultura y Deportes desarrollar proyectos culturales dirigidos a las mujeres de Sepur Zarco.
9.Se ordena al Mineduc que en los programas de estudio y libros de texto se incluya el caso de las mujeres de Sepur Zarco.
10.Se ordena al Mineduc y Ministerio de Cultura que la sentencia del caso Sepur Zarco sea traducida a los 24 idiomas mayenses.
11.Las instituciones que actúan como querellantes adhesivas deben tramitar ante las autoridades respectivas para que se reconozca el día 26 de febrero como Día de las Víctimas de Violencia Sexual, Esclavitud Sexual y Doméstica.
12.Se ordena a la Municipalidad de El Estor, departamento de Izabal, que en el plazo de un año construya un monumento que represente la búsqueda de justicia de las Mujeres de Sepur Zarco.
13.Se ordena que las instituciones que actúan como querellantes adhesivas realicen las gestiones ante el Congreso de la República para aprobar la Ley de Desaparición Forzada.
14.Se ordena al Ministerio de la Defensa que en la formación militar se incluyan cursos de derechos humanos de las mujeres y legislación de prevención de la violencia contra la mujer.
15.Se ordena al Estado que a través del Ministerio de Gobernación coordine la seguridad de las integrantes de las organizaciones querellantes, equipo legal, las víctimas y sus familias.
“En este momento la sentencia ya está firme, no hemos tenido ninguna comunicación de parte de ellos (de la SAA). El expediente está completo, la oferta está presentada”.
Paula Barrios, abogada de Mujeres Transformando el Mundo“Esperamos que ahorita que ya está firme la sentencia ya se puedan tomar decisiones y asignar en los presupuestos de los ministerios para que se puedan cumplir las medidas restaurativas”.
Hilda Pineda, jefa de la Fiscalía de Derechos Humanos
