POR HEDY QUINO
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Por el pago de las indemnizaciones que realizó el Congreso que contravienen la Constitución, la Fiscalía Contra la Corrupción del Ministerio Público informó que analizaría iniciar una investigación de oficio, pero al estudiar el caso determinó que sería la Fiscalía de Delitos Administrativos la que debería abrir un expediente.
El jefe de la Fiscalía Contra la Corrupción, Stuardo Campo, explicó que la millonaria indemnización que autorizó la pasada Junta Directiva del Legislativo se puede catalogar como el delito de abuso de autoridad, pero averiguar este tipo de faltas no es de su competencia.
“Nosotros al analizar esta publicación determinamos que en este caso probablemente se incurrió en abuso de autoridad o la violación de una norma, por ello creemos que la Fiscalía de Delitos Administrativo es la más idónea en realizar esta investigación”, detalló Campo.
“Cada fiscalía funciona de manera independiente, pues se le debería preguntar a la Fiscalía de Delitos Administrativos si por este caso abrirán o no una investigación de oficio. De nuestra parte no iniciaremos ninguna averiguación, pues de existir un delito, no es de nuestra competencia”, afirmó el fiscal.
Por su parte el jefe de la Fiscalía de Delitos Administrativos, Melvin Medina, indicó que este caso no ha sido discutido con el fiscal Campo, por lo que desconoce el análisis que hizo la fiscalía que tiene a su cargo.
Medina agregó que el caso de las indemnizaciones podría catalogarse como peculado o malversación de fondos, delitos que son propios de investigación de la Fiscalía Contra la Corrupción.
“Nosotros conocemos las faltas de abuso de autoridad e incumplimiento, pero la sustracción de fondos y peculado es competencia del fiscal Campo. Este caso va más para Corrupción que Administrativo”, añadió Medina.
Ambos fiscales coincidieron que existe un reglamento de funcionamiento para las dos fiscalías que detalla qué delitos debe investigar cada una.
INDEMNIZACIONES
La Hora pudo documentar que a partir del mes de agosto de 2018, la Junta Directiva, presidida por Álvaro Arzú Escobar, autorizó el pago de Q22 millones 820 mil 758 para indemnizar a por lo menos 20 trabajadores contratado como personal 011, esto se hizo contraviniendo la Constitución de la República.
