Por Denis Aguilar
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El abogado constitucionalista Alejandro Balsells se presentó este día a una audiencia en la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, donde dio sus argumentos sobre el amparo en el que pide que la Contraloría General de Cuentas fiscalice recursos del Colegio de Abogados, indicando que existe una inacción constitucional en este caso.
Según lo explicó Balsells, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) administra los fondos que provienen del timbre notarial y del timbre forense, el cual es un impuesto, y que se utiliza para financiar el fondo de prestaciones.
“Además, recibe del Estado una comisión específica de la compra de timbres fiscales que nosotros los notarios hacemos. El año pasado recibió (el Colegio de Abogados) más de 7 millones de quetzales y tanto el fondo de prestaciones del Colegio como lo que es ese aporte es sin fiscalizar por parte de la Contraloría General de Cuentas”, dijo Balsells.
Balsells menciona que se hacen auditorias, se maneja de manera privada dichos fondos y que ahora existe una condicionante, porque el dinero de ese fondo se utiliza para el pago de las sedes departamentales y municipales del Colegio.
“Son sedes, que si bien es cierto que tienen que existir, entonces tienen que ser pagadas por los fondos ordinarios del Colegios y no por el fondo de prestaciones”, dijo. “Se están condicionando las prestaciones sociales de los abogados y los notarios con el chorro de dinero que está utilizando el colegio para sus gasto de funcionamiento”, agregó.
Durante su intervención ante el Tribunal, también mencionó que los colegios profesionales son instituciones que defienden intereses privados, pero que tienen una naturaleza pública porque están concebidos en la Constitución, ya que regulan las profesiones universitarias por mandato legal.
Balsells señala que el Colegio de Abogados administrará este año cerca de Q700 millones del fondo de prestaciones, que es auditado por una empresa privada, el cual señaló cuyo informe es aprobado por unos sesenta abogados que acuden a las asambleas.
Asimismo, indicó que el artículo 232 de la Constitución es aplicable a los ingresos provenientes de un impuesto dentro del Colegio de Abogados y sobre el aporte que realiza el mismo Estado a dicha entidad.
Además, argumenta que hay una inacción constitucional de parte del Contraloría al no fiscalizar dichos fondos.
NOS VAMOS A SUJETAR A DECISIÓN DEL TRIBUNAL
El presidente electo del Colegio de Abogados, Ovidio Orellana, indicó hoy que se van a sujetar a la decisión que tomé el Tribunal respecto al amparo presentado por Alejandro Balsells, señalando que es “buena” la gestión realizada hoy.
“Nos vamos a sujetar totalmente a la decisión que el Tribunal constitucional firme y decida”, dijo Orellana. “Yo estoy con la totalidad y claridad que los fondos del Colegio se deben manejar transparentemente, en eso estoy totalmente de acuerdo”, agregó.
Mencionó que respetará la decisión que se adopte, agregando que manejará con transparencia los recursos del Colegio.
