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/var/www/wp-content/themes/Newspaper-child/loop-single.php on line 105POR REDACCIÓN LA HORA
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Estados Unidos manifestó ayer su profunda preocupación por las reformas propuestas a la Ley de Reconciliación Nacional que se discuten en el Congreso que otorgaría una amnistía a perpetradores de graves abusos a los derechos humanos, así como a los condenados por estos crímenes. Al respecto, activistas de derechos humanos consideran que se trata de una posición fuerte del país norteamericano y un mensaje a Guatemala.
Claudia Samayoa de la Unidad De Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), indicó que las reformas a la ley de amnistía que se discuten en el Congreso son una aberración jurídica, tan grave que genera este tipo de reacciones, además, consideró que el comunicado del Departamento de Estado es una subida de tono, porque envía un mensaje al Estado guatemalteco de que lo que está por realizar no es posible.
Según Samayoa, la iniciativa es una ley “anti-Acuerdos de Paz” y antiderechos humanos, además, representaría un permiso de impunidad tan similar a limpiar antecedentes policiales. “Son mensajes muy serios, es un recordatorio que más allá de los Acuerdos de Paz, Guatemala se ha comprometido con el Gobierno norteamericano de buscar la justicia y reparación de las víctimas y, a costa de esa promesa, ha recibido millones de dólares en ayuda”, recordó.
“Ya ha habido avisos serios en torno a lo que se hizo con la CICIG, de parte de los países que colaboran, parte del aislamiento es efectivamente empezar a condicionar la ayuda, congelar fondos de personas en el extranjero, estamos caminando a una situación similar a la de Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte, lo que quieren hacer es destruir el Corpus de DD. HH. en nuestro país”, señaló.
Samayoa consideró que es una posición fuerte del Departamento de Estado que se da después de varias posturas similares en el Congreso y Senado estadounidense, lo que nos lleva a comprender que no existe una división en la política exterior norteamericana hacia Guatemala, sino que de nuevo están uniéndose las fuerzas para el respeto del Estado de Derecho, “en otras palabras, este grupito de guatemaltecos que están controlando el Ejecutivo y parte del Legislativo, sencillamente se están aislando”, indicó.
En tanto Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo, organización que accionó esta semana en la Corte de Constitucionalidad contra las reformas que los diputados plantean realizar, consideró que el mensaje de EE. UU. es que una aprobación de ese tipo de leyes ubicará a Guatemala en una situación similar de países terroristas que no castigan a los responsables de ningún crimen interno.
“Para EE. UU. y su seguridad nacional es un peligro tener un país con características de estado terrorista, a solo dos horas de un vuelo comercial, creo que lo que están evitando es que ocurran ese tipo de fenómenos que debiliten a un país que ha sido aliado de ellos por bastante tiempo”, manifestó.
POLANCO: AMNISTIAR CRÍMENES DA SENSACIÓN DE UN ESTADO PERMISIVO
Para Polanco, reformar esa ley sería una ilegalidad porque no solo se violan preceptos constitucionales sino convenciones que Guatemala ha firmado. Polanco coincide en que aprobar esa iniciativa podría aislar a Guatemala. “No puede aprobarse una ley de amnistía general como se pretende, violentando convenios y tratados internacionales porque eso podría provocar que el país termine aislándose del contexto internacional y que incluso que el Estado sea condenado eventualmente”, expresó.
El activista considera que es importante juzgar casos de violaciones a derechos humanos. El GAM fue querellante en el caso de la desaparición del sindicalista Fernando García, crimen que ocurrió en 1984. En 2013, la justicia guatemalteca logró la condena del exdirector de la Policía Nacional (PN) y comandante del Cuarto Cuerpo de la PN por este caso.
Amnistiar estos crímenes, para Polanco, genera en la población la sensación de que ese Estado es permisivo y que tolerará cualquier tipo de abusos de grupos poderosos.
El director del GAM señaló que la población tiene que tener muy claro si se permite que pasen leyes como esta, eventualmente la sociedad quedaría en peligro frente a aquellos grupos a quienes no les importa respetar la vida y la libertad de otros ciudadanos.
OTRAS REACCIONES
Además del comunicado del Departamento de Estado se ha pronunciado en contra de la referida ley, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El congresista Eliot L. Engel, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes comentó ayer que el Departamento de Estado y el Congreso se unen a la CIDH al rechazar la iniciativa que daría una amnistía que sería un retroceso y urgió al Congreso guatemalteco “a estar del lado correcto de la historia”.
Los congresistas Norma Torres, James McGovern, Albio Sires y Eliot Engel manifestaron esta semana estar “horrorizados” por la iniciativa que avanza en el Congreso e hicieron ver que aprobar la ley permitiría que más de 30 personas que ya fueron condenadas por crímenes de lesa humanidad puedan salir libres.
ACEÑA: HAY QUE DIALOGAR
Para María del Carmen Aceña, del Centro de Investigaciones Económicas y Nacionales (CIEN), se debe realizar un diálogo interno sobre las enmiendas planteadas a la Ley de Reconciliación Nacional, para abordar sobre las cosas del pasado y lo que se quiere a futuro como país, debido a lo que se ha generado respecto a la propuesta, agregando que se tiene que avanzar como país.
Al respecto del comunicado que emitió el Departamento de Estado, Aceña indicó que pueden opinar al respecto, pero que, si no se tiene una agenda propia de país, difícilmente se tendrá futuro como tal.
“Lejos de un autoritarismo desde el Congreso tenemos que dialogar y discutir porque el país está realmente estancado para abajo”, dijo.
Agrega que los diálogos deberían ser de primer nivel con figuras que tomen decisiones, asegurando que esas discusiones se deben llevar más allá de las redes sociales y de los medios de comunicación.
“Hemos dejado lo personal y no hemos pasado a lo virtual y eso es fatal para el país, tenemos que resolver las cosas a nivel personal uno a uno y hay que ceder, hay que ceder para avanzar ¿por qué?, porque estamos cavando un hoyo, cada vez más profundo”, dijo.
Según Aceña, tanto universidades, sectores políticos, sector productivo del país, medios de comunicación y los pueblos mayas deberían involucrarse en un diálogo de alto nivel para alcanzar prioridades que ayuden al país a salir adelante.
Indicó también que se deben establecer prioridades para el país, como el tema del combate a la desnutrición y la educación, agregando que estos temas no deben ser politizados.
“¿Vamos a perdonar o no vamos a perdonar? ¿Vamos a seguir adelante o no vamos a seguir adelante? Porque cada vez es peor, porque cada vez es una espiral para abajo, en vez de ser una espiral que zumbe hacia arriba”, dijo, concluyendo que se necesita un diálogo donde se tomen decisiones.
María Eugenia Solís señala que la paz no riñe con justicia
La abogada experta en Derechos Humanos, María Eugenia Solís, habló sobre este tema en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas y recordó que la Ley de Reconciliación Nacional se aprobó durante la presidencia de Álvaro Arzú cuando en el Congreso dominaba el partido oficial, y en ella se estableció que el genocidio, la tortura y la desaparición forzada no podían ser objeto de una extinción penal.
“Porque hay un marco de derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional humanitario que todos los crimines de guerra no se pueden declarar que no existieron, hay una responsabilidad penal”, manifestó.
Además de mencionar que la paz no riñe con la búsqueda de la verdad y la justicia, la experta resaltó que la nueva embestida para reformar la Ley de Reconciliación Nacional se da en el marco del Pacto Corruptos, y consideró que la iniciativa es inconstitucional.
“Esta reforma responde al Pacto de Corruptos, al conjunto de jubilados que están condenados y la guinda del pastel que puso para el hartazgo de los militares jubilados y activos y todos los que nos gobiernan ahorita junto con ellos Jimmy Morales y Bustamante, es precisamente que cae con el Caso Molina Theissen la plana mayor de la inteligencia militar, quienes decidían quiénes vivían y quiénes morían…es lo que ha venido en toda la estrategia comunicacional, jurídica y abuso de poder ha venido desde entonces”, indicó.
A la vez añadió que “no hemos cumplido ni un año –de la sentencia– y ya tienen desobediencia contra el órgano supremo, ya trataron de quitar la CICIG, ahorita con esto para favorecer al conglomerado que está en prisión…”, recalcó que la iniciativa no favorecería a la población guatemalteca.
“No puede aprobarse una ley de amnistía general como se pretende, violentando convenios y tratados internacionales porque eso podría provocar que el país termine aislándose del contexto internacional y que incluso que el Estado sea condenado eventualmente”
Mario Polanco, GAM“Lejos de un autoritarismo desde el Congreso tenemos que dialogar y discutir porque el país está realmente estancado para abajo”,
María del Carmen Aceña, CIEN“Guatemala se ha comprometido con el gobierno norteamericano de buscar la justicia y reparación de las víctimas y a costa de esa promesa ha recibido millones de dólares en ayuda”
Claudia Samayoa, Udefegua
