POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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Francisco Edgar Morales Guerra, alias Chico Dólar, deberá pagar Q126 millones 175 mil en concepto de multas y reparación digna que le impuso el Tribunal de Mayor Riesgo “A” luego de que fuera declarado culpable en el Caso Lavado y Política.

El pasado lunes, el Tribunal de Mayor Riesgo “A”, presidido por la jueza Yassmín Barrios, condenó a Chico Dólar a veinte años de prisión por el delito de lavado de dinero u otros activos, seis años por defraudación tributaria, seis años por cohecho activo y seis más por financiamiento electoral ilícito. En total, la pena de prisión suma treinta y ocho años de prisión.

Por cada delito también se le impuso una multa pecuniaria. De tal cuenta, el Tribunal le ordenó un pago de Q100 millones por lavado de dinero, Q19 millones por defraudación tributaria, Q75 mil por cohecho activo y Q100 mil por financiamiento electoral ilícito.

Aunado a lo anterior, el Tribunal también accedió hoy a una solicitud de la Superintendencia de Administración Tributaria, que pidió que Morales Guerra pagara Q7 millones al Estado en concepto de reparación digna.

Además de Morales Guerra, también fueron condenadas otras doce personas y a cada una se le impusieron multas que van de Q75 mil a Q5 millones. En total, el Estado de Guatemala percibirá Q139 millones 325 mil en concepto de multas y reparaciones por este caso.

Según las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), los hoy condenados conformaron una estructura criminal, liderada por Morales Guerra, desde 2008 se dedicó al lavado de dinero. Operó desde 2008 en Jutiapa y zonas fronterizas del país, contando con la colaboración de autoridades locales y nacionales.

En este caso ya había sido condenado en un procedimiento abreviado el expresidente del Banco de Guatemala, Edgar Baltazar Barquín, también excandidato vicepresidencial del partido Libertad Democrática Renovada (ya desaparecido). Tras reconocer su responsabilidad, recibió una pena de dos años y seis meses por tráfico de influencias.
El exdiputado Manuel Barquín, hermano de Edgar Barquín, también estaba procesado, pero murió antes de que culminara el juicio.

También fueron condenados por este caso Lesbia Catalina Martínez Monroy por el delito de falsificación de documentos privado y Miguel Esmerio González Rivas y Giovanni Zúñiga Girón por el delito de complicidad en peculado.

En este caso, el Tribunal también desestimó el delito de asociación ilícita a favor de varios sindicados. También fue declarada inocente Silvia Antonieta Guevara, a quien se le sindicaban los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y revelación de información confidencial o reservada.

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