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/var/www/wp-content/themes/Newspaper-child/loop-single.php on line 105POR EDER JUÁREZ Y JOSÉ DEL ÁGUILA
lahora@lahora.com.gt
Mañana se cumple un mes de que el presidente Jimmy Morales anunciara la decisión unilateral de dar por finalizado el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y ordenara la expulsión de sus miembros del país. Pese a eso los miembros de la Comisión se han ido reincorporando a sus funciones progresivamente para dar cumplimiento al mandato que finaliza en septiembre de 2019.
Aunque la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional para suspender la finalización de la CICIG, el Ejecutivo no la ha acatado, al contrario, ha emprendido una serie de acciones para debilitar a la Comisión, por ejemplo, el retiro de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y otros recursos vitales para su funcionamiento. Analistas consultados ven con preocupación la desobediencia a la CC y el peligro que representa a favor de la impunidad.
Mientras que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), unidad que trabaja de la mano con la Comisión ha enfrentado dificultades para continuar con sus labores.
Matías Ponce, vocero de la CICIG explicó recientemente que la Comisión se encuentra en un proceso progresivo de reintegración del personal nacional e internacional a sus labores cotidianas “esperando cumplimentar el mandato de la Comisión vigente hasta el 3 de septiembre de 2019″.
Por su parte Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), comentó que para realizar las investigaciones de casos de alto impacto y llevar a cabo las diligencias se han visto en la necesidad de hacer uso de tecnologías de la información. “Hemos tenido que potencializar el uso de la tecnología para poder coordinar las tareas, el trabajo y darle seguimiento”, dijo Sandoval.
Al ser consultado sobre si el impedimento que tiene el personal de la CICIG para ingresar al país ha generado algún obstáculo en la labor de la FECI, Sandoval dijo que sí han existido complicaciones, sobre todo en la investigación de campo. Comentó que se dificulta el desplazamiento en terreno porque ya no están los investigadores internacionales y tampoco cuentan con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC).
Recientemente el Ministerio de Gobernación retiró a la FECI el apoyo de investigadores policiales de la PNC y los envió a otras comisarías, supuestamente por necesidad de recurso humano.
Sandoval dijo que ya se emprendieron las acciones necesarias y esperan que este problema se solvente lo más pronto posible.
El jefe de la FECI dijo que, para las tareas más inmediatas, de momento se han apoyado con personal de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del MP para el trabajo de campo más inmediato.
También varias audiencias en las que participan mandatarios de CICIG, han sido suspendidas por las excusas presentadas por la Comisión, debido a la expulsión y falta de garantías de seguridad para asistir. En el Caso Botín Registro de la Propiedad, en el cual está ligado a proceso José Manuel Morales y Sammy Morales hijo y hermano del Presidente, la entidad fue separada del proceso por el Tribunal que tiene a su cargo el debate público.
«La CICIG ha presentado en tiempo y forma las excusas respectivas a cada audiencia, en la que sus representantes no han podido estar presente”, explicó el portavoz de CICIG.
Al cierre de este reportaje, el Ministerio Público y la PNC realizaban una serie de operativos por una investigación en conjunto con CICIG.
ASIES: GOBIERNO DEBE APOYAR A FECI
Gustavo García, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), dijo que la disposición del Ministerio de Gobernación de retirar a los agentes policiales de la CICIG y la FECI es una “contravención al acuerdo suscrito entre el gobierno de Guatemala y Naciones Unidas”.
“El Gobierno se comprometió a facilitar el trabajo de la Comisión y de apoyarlo, entonces una manifestación de apoyo es contribuir con investigadores en la PNC para el trabajo de la Comisión”, comentó García sobre las dificultades que ha enfrentado la FECI.
García recordó algunas acciones que se han presentado para revertir en especial el actuar del Ministerio de Gobernación, como debidas ejecuciones de amparo, pero también, hizo referencia que al mismo tiempo el gobierno está actuando de forma contraria a como se lo ordenó la Corte de Constitucionalidad en diversos fallos.
RAMÓN CADENA: SE ESTÁN ABRIENDO NUEVAS SITUACIONES DE IMPUNIDAD
Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), señaló que con los sucesos del último mes en contra de la CICIG, se están abriendo nuevas situaciones de impunidad, ya que hay un amparo provisional pero no se hace efectivo, “la situación que se está presentando es de nuevas formas de impunidad y en este caso en violación al derecho constitucional y no acatamiento de una orden de un tribunal constitucional”.
Según Cadena, la actitud de la Corte de Constitucionalidad ha sido tibia en el sentido de que no ha certificado lo conducente o ha hecho una resolución más contundente para abrir la vía al derecho penal.
“En ese mismo sentido ha respondido el Ministerio Público, porque ya la Fiscal General hubiese podido abrir un expediente criminal por el hecho de que el Presidente no ha cumplido con lo dispuesto por un alto Tribunal guatemalteco. Lo que está sucediendo es que hay violaciones por omisión y no se cumplen las resolución y con ello se permite que vuelva un sistema de impunidad institucional”, manifestó Cadena.
Agregó que es lamentable que las instituciones no reaccionen con una posición más contundente y clara en la lucha contra la impunidad, “la sociedad tiene todo el derecho de que el Estado no sea impune, sin embargo; en este caso está sucediendo todo lo contrario, la política institucional es a favor de la impunidad”.
“Esta situación viene a provocar mayor desconfianza en la población hacia el Sistema de Justicia y a las instituciones del Estado, esto es sumamente grave, porque en una sociedad en donde las personas dudan del Sistema de Justicia, hay frustración, incertidumbre y desconcierto que no nos permite avanzar en un plan nacional”, refirió el jurista.
MONTERROSO: UN PRECEDENTE NEFASTO
Mientras que Javier Monterroso, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), indicó que esta situación es justamente lo que pretendía Jimmy Morales al decidir unilateralmente dejar sin efecto a la CICIG, “y lo que pasa es que ya no está funcionando la Comisión en Guatemala”.
“Es un incumplimiento tanto de los convenios internacionales como de la resolución de la CC. Es grave el incumplimiento porque es una falta de certeza jurídica y en cuanto al cumplimiento de los convenios internacionales por parte de Guatemala, los casos están pendientes de las resoluciones finales no se sabe qué va a pasar con varios de los casos en donde la CICIG era querellante adhesiva”, señaló Monterroso.
Agregó que es un precedente nefasto: “Lo que no se está pensando es que en el futuro será otro Presidente con otro convenio y no va a querer acatar las resoluciones de la Corte y como con Morales no pasa nada, estamos abriendo que los Presidentes hagan lo que quieran sin que se tenga un control del poder”
Según el abogado hay una debilidad de la CC y en ese sentido considera que se debe tener cuidado porque un tribunal cuya resoluciones no se respetan “no vale nada”.
“Hemos tenido que potencializar el uso de la tecnología para poder coordinar las tareas, el trabajo y darle seguimiento”
Juan Francisco Sandoval, FECI“El Gobierno se comprometió a facilitar el trabajo de la Comisión y de apoyarlo, entonces una manifestación de apoyo es contribuir con investigadores en la PNC para el trabajo de la Comisión”,
Gustavo García, Asies“La sociedad tiene todo el derecho de que el Estado no sea impune, sin embargo; en este caso está sucediendo todo lo contrario, la política institucional es a favor de la impunidad”
Ramón Cadena, CIJ“Lo que no se está pensando es que en el futuro será otro Presidente con otro convenio y no va a querer acatar las resoluciones de la Corte y como con Morales no pasa nada, estamos abriendo que los Presidentes hagan lo que quieran sin que se tenga un control del poder”
Javier Monterroso, ICCPG
