El Congreso utilizó un cálculo contrario al que establece la Constitución para indemnizar a veinte trabajadores que renunciaron a sus puestos, quienes fueron contratados bajo el renglón 011. Según el artículo 110 de la Constitución: “Los trabajadores del Estado, al ser despedidos sin causa justificada, recibirán su indemnización equivalente a un mes de salario por cada año de servicios continuos prestados. Este derecho en ningún caso excederá de diez meses de salario”.
No obstante, todos los trabajadores recibieron un monto de indemnización mayor a lo que la Ley establece, como se especifica en la tabla, montos que incluso alcanzaron Q2,429,524.38.
