Por Eder Juárez
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Como improcedentes calificaron analistas consultados las declaraciones del Secretario de Seguridad Estratégica del Estado, Mario Duarte, al decir que si tanto era el problema por el uso de los Jeep J8 se los devolverían a Estados Unidos.
Gabriel Orellana, abogado constitucionalista dijo que la lectura que se le da a lo afirmado por el Secretario de Seguridad Estratégica del Estado, es de aislar esas declaraciones, porque más adelante tendrán su motivo de ser.
De acuerdo con Orellana esa actitud es una reacción visceral a todas luces improcedente de un funcionario público ante un problema que es de relación internacional de un Estado.
«Él prácticamente está dando la idea de que se trata de un capricho de su parte o de su superior, de tal manera que le quita la objetividad que debe tener toda manifestación de un funcionario estatal de alto rango como lo es el Ministro de Gobernación», dijo el abogado.
En segundo punto, el contenido que se percibe desde afuera es que se trata de nada más y nada menos de una «bravata», porque él mismo se contradice, indicó Orellana.
Desde el momento mismo en que dice que si ellos quieren se los devuelven están tratando de tirar la pelota al campo de los gringos para que ellos digan ‘está bien, devuélvanlos’.
“Es improcedente salir a estas alturas con estas bravatas, porque nos pone en cierta manera como un Estado que no tiene una política coherente en estos temas. Aquí los funcionarios llevan las cosas a nivel que quieren”, manifestó el jurista.
Por su lado, Carmen Rosa de León Escribano, del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), indicó que en la coyuntura actual, las declaraciones del Secretario son distorsionadas, al decir que van a devolver los J8, que ha sido un punto de reclamo que ha hecho la congresista Norma Torres en cuanto a las donaciones que se han hecho al Gobierno de Guatemala, por su actitud frente a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
“En el contexto, en el cual se está dando esto donde hay señalamientos al Gobierno precisamente por querer expulsar a la CICIG de Guatemala, en función de que están atacando sus intereses, entonces abona aún más a esa tensión que tiene el Congreso de los Estados Unidos y el Gobierno actual”, dijo la analista.
Agregó que no se sabe si el Organismo Ejecutivo está pensando en entregar los vehículos. “Realmente no se sabe cuál es la actitud del Ejecutivo frente a la posición de Estados Unidos que pueda criticar lo que están haciendo con respecto a desatenderse del marco de derecho y no acatar las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad”.