POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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La Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras Argueta, hizo un llamado a los diputados de la Comisión Pesquisidora del Congreso, que se conformó para analizar el antejuicio contra tres magistrados constitucionales, a que obedezcan las órdenes de la Corte de Constitucionalidad y, en consecuencia, suspendan sus actividades.
En un comunicado de prensa, Porras manifestó que la Pesquisidora debe suspender sus actividades, en referencia al trámite de antejuicio contra los magistrados de la CC, José Francisco De Mata Vela, Gloria Patricia Porras y Bonerge Mejía.
La Fiscal General advirtió que, en caso los diputados decidan continuar tramitando el antejuicio, el Ministerio Público “actuará de conformidad con la ley”.
La Comisión Pesquisidora es presidida por el diputado José Alberto Hernández, presidente; Boris España, secretario y los vocales Raúl Romero, Leocadio Juracán y Elza Cú Izem.
“ (…) en el ejercicio de la función de velar por el estricto cumplimiento de la ley, (la Fiscal General) exige el pleno acatamiento y respeto de las decisiones judiciales para la consolidación del Estado de Derecho, por lo que, con fundamento en lo establecido en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, deben suspenderse las actividades de la Comisión Pesquisidora relativa a los Magistrados (sic) de la Corte de Constitucionalidad; de lo contrario, el Ministerio Público, de acuerdo con sus competencias, actuará de conformidad con la ley”, se lee en el comunicado.
El pronunciamiento de Porras se hizo en atención a una carta abierta que realizaron varias organizaciones de derechos humanos en la cual señalan que las acciones ejecutadas por el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel y el titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Jorge Luis Donado Vivar, desobedecen múltiples resoluciones de la CC relacionadas al mandato de la CICIG.
En ese sentido, las organizaciones solicitan a Porras que a la brevedad posible “se inicien las acciones de investigación y persecución penal” en contra de Degenhart, Jovel y Donado Vivar y también contra cualquier otro funcionario que haya desobedecido las resoluciones de la CC.
En el comunicado, Porras señaló que instruyó a las fiscalías correspondientes iniciar las investigaciones respectivas, a fin de determinar la comisión de hechos delictivos, identificar a los responsables y tomar las acciones necesarias, de conformidad con la ley, en torno al cumplimiento de las resoluciones dictadas por la CC.
ACCIONES
Entre las acciones del Ejecutivo que han despertado preocupaciones en la sociedad civil está el hecho de haber ordenado el retiro de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que estaban asignadas a la seguridad de la CICIG.
También el retiro de investigadores policiales a la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la unidad del MP que trabaja coordinadamente con CICIG.
Anteriormente, el Ejecutivo anuló el Acuerdo de creación de la CICIG, pero la CC dejó sin efecto el Acuerdo Presidencial por medio del cual se tomó esta disposición.
Más recientemente, la CC anuló la resolución de la Corte Suprema de Justicia que admitió para su trámite el antejuicio contra tres magistrados constitucionales.
