Por Denis Aguilar
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Esta mañana el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, interpuso una acción de debida ejecución de un amparo provisional otorgado a su favor por la Corte de Constitucionalidad (CC) en la que pide a ese Tribunal la destitución de los Ministros de Gobernación y Relaciones Exteriores por insistir en acciones contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), lo que contraviene lo resuelto por la Corte.
En la petición, Rodas pide a la CC las destituciones de Enrique Degenhart, al frente del Ministerio de Gobernación y de Sandra Jovel, como titular del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex). También solicita la destitución del director de la Policía Nacional Civil (PNC) por haber girado instrucciones que incumplen el amparo provisional.
“No es por los discursos ni las declaraciones, sino que son actos completos. Por ejemplo, un oficio que le giró al Presidente del Tribunal Supremo Electoral en virtud del convenio que firmó el Tribunal con la Comisión, ella le recuerda que a partir del 7 de enero ya no está vigente el convenio, cuando fue eso lo que dejó en suspenso la Corte”, dijo Rodas en referencia a las acciones de Jovel.
Ayer se dio a conocer que la Canciller envió al magistrado presidente del TSE, Mario Aguilar, una carta en la que le informa sobre el Acuerdo publicado en el Diario Oficial que da por finalizado el convenio de CICIG para que se tomen las “medidas” que crean pertinentes.
“Como consecuencia de lo anterior, dicha entidad cesó sus funciones, por lo que se estima que se tomen las medidas que se crean convenientes en el ámbito de su competencia”, indica Jovel en la carta.
Otro documento, membretado por el Ministerio de Gobernación y el Departamento de Personal, División de Protección de Personas y Seguridad, Policía Nacional, también menciona el Acuerdo Gubernativo que dio por terminado el mandato de la CICIG y ordena el retiro del personal policial asignado a la Comisión.
En la acción de debida ejecución del amparo provisional, Rodas pide a la CC que se certifique lo conducente contra cualquier otro empleado o funcionario que establezca desobediencia, retarde o se oponga a la resolución de la CC.
El PDH indica en la acción de debida ejecución que no se observa voluntad por parte de las autoridades impugnadas para cumplir con establecido por la Corte.
Además, menciona que enviar oficios al TSE, retirar personal policial y recurso logístico asignado a la CICIG, “incumple por completo la resolución de la Corte de Constitucionalidad” que dejó sin efecto de manera provisional las acciones del Ejecutivo contra la CICIG.
