POR REDACCIÓN LA HORA
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La magistrada presidenta de la Corte de Constitucionalidad, Dina Ochoa, por medio de una carta respondió, a medias, al director de La Hora, Pedro Pablo Marroquín, sobre los puntos abordados por este y que hacen referencia a la togada en la columna “Bien haría la magistrada Dina Ochoa en hablar”, publicada el pasado martes 22 de enero en la edición impresa y sitio web de este vespertino.
En la columna se aborda la cancelación del pleno del lunes, lo cual atrasó el conocimiento del amparo relacionado al antejuicio contra tres magistrados de ese organismo, así como otros puntos derivados de ese tema y el papel de la magistrada Ochoa en ellos. La Presidenta de la CC envió a esta Redacción un escrito para hacer uso del derecho de respuesta, el cual se le publica a continuación:
Presidenta de la CC a director de La Hora, Pedro Pablo Marroquín
El motivo de la presente es hacer uso del derecho de respuesta que me asiste en virtud de la columna publicada en la sección Opinión el día 22 de enero del año en curso, titulada “Bien haría la magistrada Dina Ochoa en hablar” en la que fui personalmente aludida. Lo anterior, lo fundamento en el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala y los artículos 22, 37, 38, 39, 40 y 41 de la Ley de Emisión del Pensamiento.
Considerando que usted, por medio de su columna de opinión, me invita a que “hable” y me pronuncie sobre los diferentes señalamientos dirigidos a mí por el medio de comunicación que dirige, aprovecho este espacio para aclarar cada uno de los puntos que usted consigna en la publicación periodística en referencia y que contienen datos falsos e inexactos. Hago constar que, en algunos oportunidad, he solicitado derecho de respuesta con el objeto de aclarar aquellos señalamientos que considero se apartan de la verdad.
En primer lugar señalan que yo nunca despejé la “duda en relación a que el abogado Raúl Falla, de la Fundación Contra el Terrorismo, dijera en un medio que él ya había visto el voto razonado de la magistrada Ochoa y que por ende, advertía que la resolución de la CC (en un amparo relacionado al tema CICIG), era ilegal. Quiero recordarle que en el derecho de respuesta oportunamente le dirigí el 20 de septiembre de 2018, le hice saber que al momento que el abogado hizo la declaración a la que usted se refiere, yo aún me encontraba trabajando mi voto razonado disidente con el apoyo de mi equipo técnico, por lo que resultaba materialmente imposible que alguna persona tuviera acceso a ese documento. De igual manera, le indique que no tenía ninguna relación alguna con el abogado mencionado ni conocía su trayectoria profesional. Ese extremo también fue del conocimiento del Procurador de los Derechos Humanos que, en el marco de esos acontecimientos, llegó a la Corte de Constitucionalidad para averiguar el estado de los votos razonados emitidos en la resolución de mérito. De esa cuenta, al reiterar ese señalamiento solo evidencia la mala fe de querer poner en duda mi actuar jurisdiccional por el solo hecho de haber tomado decisiones con las que el medio de comunicación que dirige y usted no ha estado de acuerdo. Me sorprende que se haya dado un tratamiento completamente distinto a una situación similar acontecida recientemente a aquella en donde me señalo por retardar la entrega de mi voto razonado disidente.
En Segundo lugar, señala que se cumplió con su estimación que yo convocaría el Pleno “después de vencido el plazo que el Gobierno dio cuando expulsó a los investigadores de CICIG”. Por la ambigüedad de esa afirmación, desconozco a que se refiere cuando indica que convoqué a desatiempo, toda vez que, en mi calidad de Presidenta del Tribunal Constitucional, tengo la obligación de convocar a Pleno una vez la Corte haya recibido los informes circunstanciados o los antecedentes de los asuntos sometidos a juzgamiento de la Corte (ver artículos 33 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad y el 25 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, Disposiciones Reglamentarias y Complementarias a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad). En el caso que hace alusión, realice la convocatoria respectiva una vez las autoridades denunciadas de aquella acción de amparo cumplieran con remitir la información solicitada en el plazo que la ley señala.
En tercer lugar manifiesta que en el Tribunal se tramitan varias inconstitucionalidades “en contra de las acciones de Morales y su Gabinete, por ejemplo, el acuerdo gubernativo por el pretendieron acabar a la CICIG y esta es la fecha en los que esos recursos no han sido conocidos”. Adicionalmente precisa que el artículo 138 (aunque no individualiza la norma, entiendo que se refiere a la disposición contenida en la Ley de Amparo y Exhibición Personal y de Constitucionalidad) ordena que debe conocerse lo relativo a la suspensión provisional de la norma objetada en un plazo no mayor de los 8 días. Al respecto, le hago saber, como compartí con los medios de comunicación en un foro público celebrado la semana pasada, que oportunamente convoqué las acciones de inconstitucionalidad a la que hace referencia y, por disposición de quienes conocen de esos planteamientos, fueron retiradas esgrimiendo que debían ser analizadas detenidamente. Ello consta en el acta de pleno correspondiente. Así, el endilgarme la responsabilidad de que no se hayan conocido las acciones de mérito, usted incumple con su responsabilidad periodística de informar los hechos de forma objetiva e imparcial.
Por último, manifiesta que los problemas de la Corte de Constitucionalidad no los he “abordado de una manera que busque ofrecer soluciones a lo que afecta a la CC”. Asimismo, refiere que yo estoy “tolerando que se transgreda el artículo 167 de la Ley de Amparo y no se está dando cuenta que quienes la apoyan hoy (porque estima que les sirve a sus intereses) serán los que la vendan mañana (…) cuando no resuelva conforme a ellos les sirve”. A este respecto quiero manifestarle de nueva cuenta que desde el momento en que asumí la presidencia de la Corte de Constitucionalidad he dirigido esfuerzos importantes en aras de la transparencia, rendición de cuentas, acceso a la justicia en condiciones de igualdad y, sobre todo, para la independencia judicial. Todos los días me empeño por cumplir el mandato que me fue conferido al asumir el cargo de magistrada propietaria de este Alto Tribunal de forma responsable y respetuosa de las leyes a las que todos los funcionarios públicos estamos sometidos.
Hace algunos meses usted me expresó vía telefónica que era conocedor del derecho, pero, ante sus columnas de opinión, consideró que desconoce la naturaleza y funcionamiento propios de todo tribunal de justicia. El hecho que en algunos casos me aparte del criterio de mis demás colegas no supone, bajo ninguna perspectiva, que sirva a intereses particulares o personales en los casos en los que soy llamada a conocer. Contrario a lo que usted infiere en su comentario –reiterado en otras columnas de opinión-, mi compromiso es única y exclusivamente con la justicia y con el pueblo de Guatemala y mis decisiones judiciales responden a la interpretación y análisis jurídico-constitucional que hago de cada uno de los asuntos sometidos al conocimiento y decisión de Tribunal Constitucional. De la misma forma que espero que las decisiones de la mayoría del Tribunal sean cumplidas y acatadas, de igual manera espero que se respete las decisiones personales que asumo en el uso de mi independencia judicial.
Como último punto, quisiera hacerle saber que, si bien yo no “hablo” –como usted refiere en su columna de opinión- en todos los asuntos en los que soy aludida personalmente por los medios de comunicación o la opinión pública, es por la prudencia e imparcialidad que deben de caracterizar a las juezas y jueces, especialmente a quienes ejercen la magistratura en la justicia constitucional. Tengo 36 años de experiencia en el sistema de justicia y mis decisiones se encuentran reflejadas en cada uno de los fallos proferidos o, en su caso, en los votos razonados que he realizado según mi criterio judicial. Tengo toda la confianza que mis actos, más que mis palabras, hablan por sí mismos y será la historia la que juzgue mi desempeño en el cargo que se me ha confiado.
Por los motivos reseñados, consciente de la forma en que he desarrollado mi trayectoria profesional y personal a lo largo de mi vida, solicito que se publique y difunda el presente texto en la edición impresa y digital del vespertino La Hora, con el mismo formato de la nota antes mencionada.
Sin otro particular, me despido atentamente, no sin antes reiterarle las muestras de apoyo al trabajo que diariamente realizan en resguardo de la libertad de expresión y prensa.
Lo que no dijo Ochoa
En su respuesta, la magistrada no explicó por qué una aclaración enviada el lunes por la tarde a La Hora, fue publicada en una cuenta de la red social de Twitter, en la cual también se atacaba a los magistrados denunciados por la Asociación de Dignatarios de la Nación, antes de haber sido recibida por este vespertino.
Tampoco abordó el tema de que la CC ha sido foco de atracción de los cooptadores y aunque los problemas que enfrenta ese organismo no son achacables a Ochoa únicamente, por qué ella tampoco los ha abordado de una manera que busque ofrecer soluciones a lo que les afecta.
Por último, el Artículo 41 de la Ley de Emisión del Pensamiento dice “Las aclaraciones, rectificaciones, explicaciones o refutaciones no podrán exceder del doble de la extensión de la publicación a que se refiere. Cuando sean varios los ofendidos por un mismo impreso, deberán publicarse sus respectivas respuestas en el orden de su presentación, en la misma edición o ediciones sucesivas; pero si concurren exactamente en aclarar o refutar en idéntica forma el mismo hecho una imputación colectiva, bastará con insertar una respuesta, a la que se agregará la nota de que en el mismo sentido se producen los demás interesados. Salvo cuando el material probatorio en su descargo requiera mayor espacio”, no obstante, esto se le publica el derecho de respuesta a la magistrada.
Nota de Pedro Pablo Marroquín:
Sigue faltando la respuesta de por qué la aclaración que me envió el 21 de enero y que al no poder entregar en La Hora, se la entregó a perfiles en redes sociales que llaman a sus colegas magistrados, traidores.
Gracias a Dios no me regalaron el título (ni he optado a esos doctorados que dan los jefes de las comisiones paralelas) y le tomo la palabra, indagaré a detalle en lo que menciona de los plenos y la entrega de los informes. Lo que resulte lo publicaré y si usted tiene razón lo diré y si no es preciso lo que usted informa, también.
