POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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Stuardo Campo, jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, dio a conocer hoy en la audiencia de primera declaración que hubo un incremento de hasta el 700 por ciento en los viáticos para algunas autoridades superiores derivado del Pacto Colectivo que se suscribió entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG).
A la primera declaración acudieron las 11 personas que fueron capturadas el pasado viernes.
En su imputación, Campo dijo que con la suscripción del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, el cual según la investigación resultó lesivo para las finanzas del Estado, se violentó la Ley del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado y la Ley de Contrataciones del Estado.
Según el fiscal, la inserción del Reglamento de Viáticos contravino la Constitución Política de la República porque ésta dice en su artículo 183, literal 3, que es función del Presidente de la República sancionar, promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten los reglamentos.
Además, la Fiscalía señaló que se violentaron las disposiciones de la ley del presupuesto de ingresos y egresos de Estado en su artículo 7, que prohíbe adquirir compromisos sin créditos presupuestarios.
Otra de las ilegalidades imputadas en la primera declaración consiste en que el Pacto Colectivo en su artículo 51 establecía el pago de honorarios para el abogado César Landelino Franco López (prófugo de la justicia), quien nunca prestó servicios para el Estado sino para el sindicato. En total, se estima que Franco López recibió Q14 millones del Estado, sin un contrato de por medio.
Los delitos imputados en la audiencia fueron abuso de autoridad, casos especiales de estafa, peculado por sustracción en forma continuada y lavado de dinero.
La audiencia se desarrolló en el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, a cargo de la jueza Judith Secaida.
PRÓFUGOS
Por este caso permanece prófugo de la justicia el exministro de Salud, Jorge Villavicencio, el abogado Franco López y uno de sus trabajadores, José Gabriel Selpuveda. También Eva Marina Avalos, exviceministra de Trabajo y Leonel Batres, excoordinador de Asesoría Jurídica.
