POR HEDY QUINO
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La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Michelle Bachelet, se pronunció sobre los riesgos para Guatemala de aprobar las reformas de la Ley de Reconciliación Nacional, que busca amnistía para los militares y guerrilleros que cometieron crímenes de guerra durante el Conflicto Armado Interno.
“Si dicha iniciativa fuese aprobada, la modificación implicaría una amnistía generalizada para todos los casos de graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos durante el Conflicto Armado Interno”, expresó Bachelet en un comunicado.
La Alta Comisionada de OACNUDH agregó que “la Ley de Reconciliación Nacional, en su contenido actual, ha sido la base legal para los juicios históricos de los tribunales nacionales en casos relacionados a graves violaciones de derechos humanos cometidos durante el Conflicto Armado Interno».
“La propuesta de Ley es la última de una serie de iniciativas que pretenden socavar los importantes logros realizados por el país en la lucha contra la impunidad”, dijo.
De aprobarse las reformas, representaría un drástico retroceso para los derechos de las víctimas a la justicia, y para el Estado de Derecho en Guatemala. Al mismo tiempo amenazaría el progreso realizado para tratar de resolver el legado del Conflicto Armado Interno y evitar más violencia, explicó Bachelet.
La Alta Comisionada añadió que las modificaciones a la Ley de Reconciliación Nacional detendrían las investigaciones en curso relacionadas con violaciones de derechos humanos, que incluso tendría un carácter retroactivo, permitiendo así que decenas de personas condenadas y encarceladas por graves violaciones de derechos humanos, por ejemplo desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, violencia sexual y tortura, fueran puestas en libertad en 24 horas.
“Me preocupa profundamente el hecho de que, en caso de aprobarse, la modificación pudiese dar lugar a represalias contra víctimas, testigos, jueces, fiscales, abogados y organizaciones que con valentía han estado promoviendo la justicia por delitos del pasado en Guatemala», concluyó Bachelet.
