POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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El Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal giró órdenes de captura en contra de Jorge Villavicencio, exministro de Salud durante el gobierno del Partido Patriota (PP), y de agremiados del Sindicato Nacional de Trabajadores de Guatemala (SNTSG) por suscribir el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, el cual resultó lesivo para las finanzas del Estado, según la investigación del Ministerio Público.
Villavicencio no se encontraba en su domicilio cuando los agentes policiales buscaban ejecutar su captura. No obstante, sí fueron detenidas 11 personas, entre quienes se encuentran: Luis Antonio Alpírez Guzmán y Dora Regina Ruano Saldaña, dirigentes sindicales del Frente Nacional de Lucha (FNL).
También fueron detenidos: Jorge Luis Pérez Ramírez, Edgar Encarnación Lara Caballeros, Edna Carolina Prera Guinther, Byron Francisco Ponce Molina, Susy Verónica Ríos Morales, Carlos Guillermo Quijada Sandoval, Roberto Guarán Jiménez, Javier Eduardo Méndez Franco y Rolando Eberto Cancinos Barrios.
Este caso se deriva de tres denuncias, una interpuesta por el diputado Roberto Villate en julio de 2014 en contra de Villavicencio; otra de la Contraloría General de Cuentas en abril de 2015 y una del exministro de Salud, Luis Monterroso, en julio de ese mismo año por anomalías en la suscripción del Pacto Colectivo.
La Fiscalía contra la Corrupción identificó tres ilegalidades en el Pacto Colectivo: la inserción ilegal y arbitraria de un Reglamento de Viáticos, arrogándose una facultad exclusiva del Presidente de la República; el pago de honorarios profesionales con fondos públicos a favor del abogado César Landelino Franco López, quien no prestó servicios al Estado y la falta del Dictamen de Disponibilidad Presupuestaria y Financiera, circunstancia que hizo que se tuviera que realizar un Adendum y, un año después, solicitar una ampliación presupuestaria al Ministerio de Finanzas.
Stuardo Campo, jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, explicó que la inserción del Reglamento de Viáticos contravino la Constitución Política de la República en su artículo 183, literal e que establece que es función del Presidente de la República sancionar, promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten los reglamentos.
Asimismo, el fiscal informó que Franco López recibió, al menos, Q14 millones del Estado y los pagos se hicieron sin contar con contrato, contraviniendo la Ley de Contrataciones que establece que toda contratación superior a Q100 mil debe estar respaldada por un contrato administrativo. Además, los servicios del abogado no fueron prestados al Estado.
Los pagos de los honorarios se hicieron tomando como base el artículo 51 del Pacto Colectivo.
DELITOS
Los delitos imputados son: abuso de autoridad, casos especiales de estafa, peculado por sustracción en forma continuada y lavado de dinero.
De momento permanecen prófugos, además de Villavicencio, las siguientes personas: el abogado Franco López; José Gabriel Selpuveda, trabajador de Franco López; Eva Marina Avalos, exviceministra del Ministerio de Trabajo y Leonel Batres, excoordinador de asesoría jurídica.
“SONORA” PRESENCIÓ ALLANAMIENTOS
Previo a que el Ministerio Público informara sobre los allanamientos, personal de Radio Sonora ya se encontraba presente hoy en algunas residencias que estaban siendo allanadas.
En ocasiones anteriores, dicha cadena informativa también ha acudido a las diligencias previo a que el Ministerio Público brinde información del caso. Esto ha provocado la molestia de fiscales, quienes consideran que la difusión temprana de información puede entorpecer los operativos.