Por Eder Juárez
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Ante la clara desobediencia del Ejecutivo para acatar lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad (CC) sobre las actuaciones contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), analistas urgen al Ministerio Público y la CC actuar para defender el Estado de Derecho.
Javier Monterroso, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), dijo que pareciera ser que el MP entendió que hay desobediencia si hay un acto material expreso como fue el caso del ingreso del investigador Yilen Osorio, en el cual el MP sí actuó directamente.
“Según la interpretación que está haciendo el MP, solo existe desobediencia mediante un acto de fuerza y la CC no ha declarado lo conducente tampoco contra las autoridades, estamos cayendo en un punto en donde la CC no tiene la fuerza para hacer valer sus resoluciones, las Cortes están atadas al Ejecutivo quien es el que debe hacer cumplir la Ley y en este caso la resolución de la CC es la que debe cumplir el Ejecutivo”, dijo Monterroso.
El entrevistado agregó que se está en medio de una crisis constitucional donde un poder del Estado se niega a obedecer las órdenes del Tribunal constitucional, “esta situación nunca había sucedido en Guatemala y esto conlleva una afectación al Estado de Derecho. Un Estado donde los gobernantes no cumplen las leyes no tiene sentido”, afirmó.
MP NO DEBE ESPERAR LA CERTIFICACIÓN DE LO CONDUCENTE
En tanto Oswaldo Samayoa del Centro de Estudios de Guatemala (CES), coincidió en que es urgente la actuación del MP y la CC. La Constitución es clara en que las Cortes ejecutan lo juzgado, en este caso el proceso no ha terminado, es un amparo provisional, pero el amparo provisional debe de cumplirse porque es para garantizar un derecho, afirmó.
A criterio de Samayoa, la CC de oficio y los Juzgados que han otorgado amparo provisional, (que son dos), deben hacer la debida ejecutoria de lo que han resuelto y el MP no debería de esperar esas ejecutorias o la certificación de lo conducente. El MP, por el tipo de actividad que es, de desobediencia debería realizar pesquisas preliminares para poder determinar qué es lo que está sucediendo. “Es muy grave que el Ejecutivo se pronuncie de esa manera”, dijo Samayoa.
EL MÁS PERJUDICADO EN NO ACATAR ES EL PRESIDENTE
Por su parte Francisco Quezada, del Centro de Estudios Económicos Nacionales (CIEN), dijo que el Estado de Derecho descansa en la certeza de las resoluciones emanadas de los órganos jurisdiccionales. Si cada quien va a determinar si las obedece o las desobedece caemos en un estado en la que regresamos al estado anárquico como primitivamente estaba concebida la sociedad, indicó.
Según Quezada, si el Presidente o cualquier persona dice que no va acatar lo ordenado por la CC, él será el mayor perjudicado porque el Presidente emite resoluciones, mandatos, ordenanzas, “entonces el mensaje que está enviando es que así como yo llamo a no acatar lo de la CC también estoy diciendo que no se acate lo que yo dispongo”, concluyó.
