POR HEDY QUINO
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El Colegio de Abogados de los Estados Unidos (American Bar Association en inglés) envió una carta al Subcomité de Estado y Operaciones Extranjeras del Comité de Apropiaciones del Senado de los Estados Unidos de América, liderado por los senadores Lindsey Graham, republicano y Patrick Leahy, demócrata, para expresar su preocupación por las decisiones que ha tomado el presidente Jimmy Morales en relación a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y a la Corte de Constitucionalidad (CC), así como las consecuencias que estas generarían.

El Colegio de Abogados indicó que el Gobierno de Morales continúa ignorando las decisiones de la CC, en torno a la permanencia de la CICIG, lo cual “amenaza con los esfuerzos por establecer el Estado de Derecho en Guatemala, frenar el flujo de narcóticos y abordar los desafíos de la migración en la región. Por lo tanto, solicitamos que el Comité tome medidas para transmitir a nuestro propio Departamento de Estado y al Gobierno de Guatemala el mensaje de que el apoyo actual de Estados Unidos a Guatemala está directamente bajo amenaza por el hecho de que el Gobierno guatemalteco no respete el Estado de Derecho”, dice la carta.

“Es importante para los intereses de los Estados Unidos entender que la amenaza del Gobierno de Morales a la independencia judicial y el uso indebido de los instrumentos de defensa de los Estados Unidos es inaceptable”, se lee.

En la misiva el Colegio de Abogados estadounidense solicitó a los senadores “la posibilidad de suspender la asistencia a la seguridad hasta que el Ministerio de Gobernación demuestre un compromiso total para ejecutar las órdenes de captura pendientes y cumpla con las decisiones de la CC”.

El Colegio también requirió a que se aliente “al Departamento de Estado a que examine las sanciones en virtud de la Ley Magnitsky Global (que se aplica a involucrados en corrupción), contra los funcionarios guatemaltecos de alto nivel que han ordenado a las fuerzas de seguridad que no tengan en cuenta las decisiones de la CC”.

“Si el uso de la fuerza reemplaza al Estado de Derecho, es probable que los desafíos en materia de migración se intensifiquen, y las fuerzas de seguridad guatemaltecas no podrán trabajar eficazmente de forma conjunta con los Estados Unidos en operaciones antinarcóticos. Por lo tanto, los Estados Unidos deben dejar claro que habrá consecuencias si el gobierno de Guatemala continúa ignorando las órdenes de la Corte o busca socavar su independencia”, enfatizó el Colegio de Abogados.

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