POR HEDY QUINO
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La organización civil Pro justicia señaló que los jueces y magistrados no deberían ser juzgados por las sentencias y resoluciones que emitan, pues es un principio constitucional que debe contar con independencia. Esto tras el antejuicio que enfrentan los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), Gloria Porras, Bonerge Mejía y José De Mata Vela.
Carmen Aída Ibarra, de Pro Justicia, afirmó que “el orden constitucional del país protege a los magistrados y que ningún operador de justicia debe ser perseguido penalmente solo porque a alguien no le gusta una resolución”.
“Existen otras vías para solucionar los desacuerdos, pues se pueden impugnar los fallos sin vulnerar el orden constitucional”, agregó Ibarra.
“Uno de los principales valores de la Constitución de Guatemala es que reconoce la independencia de los jueces, en el caso de los magistrados le da una preponderancia, la cual en estos momentos un grupo se la quiere despojar”, declaró la consultora.
Ibarra indicó que en el proceso de antejuicio de los togados, que realizará el Congreso, debería prevalecer “el respeto por el orden constitucionalidad y la racionalidad”.
El congresista Eduardo Zachrisson coincidió con Pro justicia en que los jueces y magistrados del país deben ser libres e independientes en sus resoluciones. “¿Imagínese a dónde vamos a llegar si no se cuenta con esta independencia?”, añadió.
“Ellos resuelven conforme a derecho, la cual al final es una opinión que emiten y esta debe ser libre. Se puede atacar el fallo en sí por medio de un recurso legal, pero no es conveniente que se ataque cada resolución”, declaró.
Zachrisson señaló que de retirarle la inmunidad a los magistrados de la CC se generaría temor en otros togados, pues “ya no se animarían a emitir sus fallos libremente y de suceder, sería un caso grave”.
El legislador detalló que para identificar si una resolución es “ilegal” se debe analizar los fundamentos de derecho y los considerandos que los magistrados utilizaron para basar su sentencia.
Los tres togados enfrentan un proceso de antejuicio por emitir una resolución que detuvo la expulsión del embajador de Suecia, Anders Kompass. La denuncia fue interpuesta por un grupo de abogados que forman parte de la Asociación de Constituyentes de 1985.
