POR REDACCIÓN LA HORA
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La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) realizó un análisis de la coyuntura actual guatemalteca en el cual destaca graves afectaciones a la separación e independencia de los poderes públicos, la transparencia, las actividades gubernamentales y la libertad de expresión y de prensa, elementos esenciales en la vida democrática.
En un documento de diez páginas, la CIJ se ocupó en explicar de qué forma decisiones como la del presidente Jimmy Morales de declarar persona non grata al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, afectan varios pilares del Estado de Derecho y de la democracia guatemalteca.
La CIJ advierte de “graves efectos” para la democracia en Guatemala si no se implementan medidas preventivas en brevedad y asegura que el 2019 será un año decisivo por los procesos electorales de magistrados de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Presidente, Vicepresidente, diputados al Congreso de la República y alcaldes, así como la elección de representantes del Colegio de Abogados.
“Para que estos cruciales procesos tengan un buen desenlace, es imprescindible que la CICIG desarrolle sus funciones sin las interferencias que está experimentando hoy desde hace ya más de un año”, reza el documento.
A continuación, se ofrece un resumen del análisis realizado por la CIJ.
LA TRANSPARENCIA DE LAS ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
El establecimiento de la CICIG en Guatemala ha impactado positivamente el Estado de Derecho. La importancia del trabajo de la Comisión se observa en los procesos llevados a cabo para desactivar Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) enquistados en el Estado, en la detección de los altos niveles de corrupción e impunidad en Guatemala y en las propuestas de reforma constitucional al sector justicia.
Ello se observa en casos como el de La Línea, al cual la CICIG calificó como paradigmático porque mostró la forma de operar de los CIACS. También los casos de financiamiento electoral ilícito, en los cuales se exponen las alianzas de partidos políticos con el crimen organizado y el sector empresarial, demuestran cómo son los procesos de corrupción en Guatemala.
El trabajo de CICIG ha provocado que el presidente Morales emprenda una campaña contra el ente internacional y su Comisionado. A esto, hay que agregar la “reacción violenta” de funcionarios, personas investigadas contra jueces independientes, amenazas a defensores de derechos humanos y asesinatos de dirigentes comunitarios, sucesos que han afectado la participación ciudadana.
Lo anterior ha hecho que algunos analistas consideren que Morales se orienta hacia un “régimen autoritario” que podría desembocar en un rompimiento del orden constitucional.
LA INDEPENDENCIA JUDICIAL Y LA SEPARACIÓN DE PODERES PÚBLICOS
La independencia judicial es el principio democrático más afectado en los últimos años en Guatemala y ello se ve reflejado en acciones dirigidas contra jueces independientes, tales como denuncias “infundadas” en el régimen disciplinario del Organismo Judicial, amenazas, antejuicios, y campañas de difamación. También ha afectado la independencia judicial el irrespeto de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad por parte del Presidente de la República y la denuncia que interpuso la Procuraduría General de la Nación contra tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad “reconocidos ampliamente por su independencia e imparcialidad”.
“De esta forma, ignora (Morales) que dichas resoluciones vienen de un órgano jurisdiccional e irrespeta el principio de la División de Poderes”, señala la CIJ.
Hay que matizar que algunos jueces también son cómplices de las violaciones a la independencia judicial con sus resoluciones. Algunos togados han sido utilizados por el poder público para favorecer la impunidad y alcanzar beneficios personales. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en el hecho que tres magistrados de la CSJ (Vladimir Aguilar, Douglas Charchal y Blanca Stalling) tuvieron que apartarse de la Corte y dos de ellos fueron ligados a proceso.
“De esta forma podemos notar que la lucha contra la corrupción y la impunidad en el sector judicial es un fenómeno dual: por un lado, existen jueces independientes imparciales (…); sin embargo, por el otro, el Poder Judicial sigue actuando con muy poca independencia e influenciado por los intereses personales de funcionarios públicos acusados de graves actos de corrupción”, afirma la CIJ.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE PRENSA
Este es uno de los derechos que ha sido afectado desde antes que iniciara la crisis institucional. Ello se traduce en ataques a periodistas que aún no han sido esclarecidos y en el hecho que a partir de la crisis desencadenada en 2015 los periodistas se convirtieron en centro de ataques de diferente índole.
La CIJ comenta el caso de este vespertino, que ha asumido la defensa de la lucha contra la corrupción e impunidad como parte de su actividad periodística. Pero la respuesta del Estado ha sido afectar la economía del medio a través de la aprobación de una ley por parte del Congreso que ordenó que los avisos notariales vinculados a la tarea de notarios públicos ya no se deben publicar en un diario de mayor circulación sino solo en el portal digital del Diario Oficial.
“La intención real es otra: afectar económicamente al Diario La Hora, debido a la función que cumple en la lucha contra la impunidad y la corrupción”, anota la CIJ.
La CIJ concluye su análisis indicando que es urgente que se adopten medidas “preventivas” y “correctivas”, así como someter el caso de Guatemala a “una apreciación colectiva”.
